Los chicos hicieron un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Franco Fafasuli) El viernes pasado, 149 chicos que viven en la provincia de Buenos Aires denunciaron que se violó su derecho a la educación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año y medio que lleva la pandemia.
Es la primera vez que un reclamo por las clases llega a un tribunal internacional. La denuncia apunta tanto al Estado nacional como al provincial. Según señala en sus fundamentos, se trata de un grupo de niños y adolescentes bonaerenses que desde hace 16 meses no pueden asistir a la escuela en forma presencial por los decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández y a los que adhirió el gobernador Axel Kicillof.
“Se suspendió el colegio en forma presencial inicialmente por 14 días y continuó así durante el resto del año. Fuimos confinados en nuestras casas, sin salidas recreativas ni de esparcimiento. Los NNyA fuimos invisibilizados, éramos obligados a cumplir los protocolos más rígidos en existencia en el país, habiendo sido estigmatizados y responsabilizados como posibles portadores exponenciales del virus, aislados de los adultos mayores de nuestras familias para no contagiarlos, encerrados sin contacto con nuestros amigos, compañeros del colegio, maestros, profesores, debiendo coexistir con nuestros padres teletrabajando, o quedándonos solos en casa”, dice la carta que firmaron 149 chicos.
“Ante nuestros ojos, los adultos nos fallaron, ellos siguieron con su vida; con protocolos, pero siguieron adelante, retomaban sus espacios de socialización, recreación, mientras que nosotros no podíamos ir al único lugar dónde tenemos todo eso y más, NUESTRA ESCUELA”, continúa. Junto con el relato, presentaron un documento en el que se consigna el porvenir de la educación desde el 15 de marzo de 2020, cuando se firmó el primer DNU que ordenaba el cierre de las escuelas.
También cita los resultados de estudios científicos, encuestas y las recomendaciones de apertura escolar de más de 10 agencias nacionales e internacionales como la OMS, Unicef o la Sociedad Argentina de Pediatría. Clases al aire libre frente a la Quinta de Olivos “Los expertos dieron cuenta del comportamiento diferencial del virus en los NNYA, n osotros nos enfermamos de: depresión, ansiedad, problemas de vista y de exceso de pantallas, desnutrición y desórdenes alimenticios, adicciones, por nombrar sólo algunas,
El abuso y la violencia se incrementaron sin poder visibilizarse ni brindar debida contención y protección”, remarcan. En la provincia de Buenos Aires, al igual que en buena parte del país, no hubo clases presenciales en todo 2020. Solo se permitió el regreso a las aulas en algunos distritos del interior bonaerense desde fines de octubre.
En marzo de 2021 se retomó la presencialidad, pero una vez más se cerraron las escuelas por dos meses ante el avance de la segunda ola de contagios. El documento brinda testimonios fílmicos en primera persona y enumera las presentaciones administrativas y judiciales que desestimó la justicia bonaerense.
- En base a ello, piden dejar de estar supeditados al semáforo epidemiológico que rige a nivel nacional o al sistema de fases que funciona en la provincia.
- Los NNyA deben estar en la escuela, con protocolos, cumpliendo la escolaridad en la jornada simple o doble según sea el caso.
- La educación no fue prioridad ni tampoco las actividades que hacen a su salud integral.
El confinamiento prolongado del primer semestre repercutió en la salud emocional de los NNyA por su extensa duración y se mostró como una medida desproporcionada y poco eficaz para evitar la transmisión del virus. El sistema implementado en el 2021 no fue superador, garantizó y profundizó la desigualdad e importó una feroz discriminación”, plantea el comunicado.
- Ante las dudas por el cumplimiento de los protocolos, aseguran que “incluso los más chiquitos” dieron muestran sobradas de que pueden hacerlo, pero que, aun con la evidencia, se eligió relegar a la educación en la agenda de prioridades.
- No nos escucharon, no participamos, no importamos”, cierra la carta.
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¿Quién viola el derecho a la educación en Costa Rica?
El Derecho a la Educación no se cumple (en Costa Rica), se viola por el Estado, no por los educadore Pizarrón La educación como política de Estado, y de las autoridades de gobierno, es una preocupación desde los días de la Independencia. En la década de 1821-1832 fue una preocupación especial de los propios gobiernos locales que tomaron medidas en ese sentido, incluida la educación de mujeres.
El primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, fue un educador. En los años siguientes se mantuvieron estas preocupaciones. Con el Dr. José María Castro Madriz se dio énfasis a este campo y se fortaleció la educación de mujeres. Ya funcionaba, aunque débilmente, la Universidad de Santo Tomás desde 1843, que fue cerrada en 1888.
En 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora impuso que la educación primaria fuera obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Así se dio un viraje fundamental en la formación general de la ciudadanía nacional, se golpeó, en cierta forma, el militarismo, el Estado asumió la formación de los futuros ciudadanos, lo que poco tiempo después refortaleció con las reformas de la década de 1880, La Ley General de Educación y su Reglamento, las llamadas Reformas de Mauro Fernández, y el impulso a la educación secundaria, junto con el impulso de la formación ciudadana o cívica en esos mismos años.
Los próceres de la Independencia americana, Bolívar entre ellos, llamaron la atención sobre la educación como un instrumento de liberación, de toma de conciencia, de formación de ciudadanos para el ejercicio del poder y para la vida en la República, para la defensa de sus Libertades y Derechos. Las reformas educativas de principios del siglo XX y la Escuela Normal, en la década de 1910, fueron otros acicates en este proceso, que cobró fuerza después de 1948, con las reformas educativas de 1956, y luego con el establecimiento de la obligatoriedad hasta el tercer ciclo lectivo, y el sistema universitario público.
¿Pero, se cumple todo esto? Hoy el Derecho a la Educación se concibe como un Derecho Humano. Se entiende como Derecho a educación primaria, gratuita, obligatoria, costeada por el Estado, a educación secundaria obligada hasta el tercer año de colegio, sin distinción social, racial o económica, con posibilidad de acceso a la educación superior, restringida por exámenes de admisión en las universidades públicas.
Incluye el Derecho de Educación a niveles de calidad en la preparación docente, en las condiciones de estudio, aulas, implementos, libros, bibliografías, instalaciones físicas, laboratorios, pizarras, materiales de estudio en general, alimentación básica de los educandos o escolares y colegiales, incluso universitarios, que muchos llegan sin desayunar o pasan sin ingerir alimentos en el día.
El Derecho a la Educación es la posibilidad de que el gobierno brinde el marco general para la educación disponible, realizable, accesible, aceptable y adaptable, como se considera en la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU a toda persona, para asegurar el pleno desarrollo de su personalidad humana, su dignidad y del respeto por sus Derechos Humanos y libertades fundamentales.
- En Costa Rica esto no está garantizado realmente por el Estado.
- Mientras haya niños en la calle y de la calle, haya alta deserción escolar y colegial, existan exámenes de admisión en las universidades públicas y altos costos de matrícula en el sistema de educación privada, haya escuelas unidocentes, malas instalaciones e insuficientemente acondicionadas, haya malos salarios para los educadores de primaria y secundaria, se les atrasen sus salarios, o mientras los educadores de primaria y secundaria no tengan condiciones materiales y económicas de preparación de lecciones, como los profesores universitarios, y no se le asegure a cada educando su alimento, libros, pupitres, aulas y condiciones adecuadas de estudio, el Derecho a la Educación no se cumple, se viola por el Estado, no por los educadores que con sus luchas tratan de dignificar la labor docente y asegurar el Derecho a la Educación.
Vladimir de la Cruz
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¿Por qué España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down?
Indemnización y fin de la segregación educativa –
- El Comité solicitó a España que garantice que Rubén, quien actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso.
- Además, el Comité instó a España a eliminar toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias.
- También conminó al país a garantizar que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hasta la fecha cuenta con 182 Estados partes. El Comité está compuesto por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, quienes prestan servicios a título personal y no como representantes de los Estados partes.
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¿Por qué se violó el derecho a la educación de un niño marroquí en Melilla?
España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla al no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el enclave español, haciéndole perder dos años de su formación académica formal, afirmó este lunes el * Comité de los Derechos del Niño.
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¿Por qué España violó los derechos de AEA?
Dos años después – Fue hasta marzo de este año, luego de que el niño perdiera casi dos años de su educación formal, cuando A.E.A. pudo asistir a la escuela luego de que el Ministerio de Educación español ordenara a las autoridades locales que lo matricularan.
Los expertos del Comité se mostraron complacidos con la admisión del pequeño, pero consideraron que ha tomado demasiado tiempo y que ” no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela”. ” Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres.A.E.A debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española”, dijo Luis Pedernera, integrante del Comité.
El grupo de expertos dijo que España violó los derechos de A.E.A. al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia en Melilla y al no admitirlo en el sistema de educación pública inmediatamente después de que se confirmara que efectivamente vivía en Melilla.
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