Miguel De La Madrid Que Hizo Por La Educacion?

Miguel De La Madrid Que Hizo Por La Educacion
En 1983 Miguel de la Madrid presenta el ‘Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte’ que destacaba entre sus principales objetivos y políticas estratégicas para mejorar la educación: ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de cinco años de edad, descentralizar la educación y reformar
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¿Qué fue lo bueno que hizo Miguel de la Madrid?

Durante su mandato promovió la creación del Grupo Contadora para encontrar una solución a los conflictos en Centroamérica, se celebró la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y logró la entrada de México al GATT.
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¿Cómo se abordó la educación durante la época del porfiriato?

Miguel De La Madrid Que Hizo Por La Educacion Miguel De La Madrid Que Hizo Por La Educacion La preocupación por darles educación a todos los mexicanos surgió desde los primeros años del régimen porfirista. La democracia educativa fue una de las metas más importantes, pero la experiencia fue demostrando que alfabetizar a toda la población era prácticamente una utopía.

Los mayores triunfos se obtuvieron en la calidad, no en la cantidad. En números relativos, fueron más niños a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. El crecimiento no se dio ahí, sino en toda la gama de ideologías y en los debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la educación.

Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en esos años, que van de 1876 a 1910. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro.
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¿Qué presidente protagonizó el sexenio del crecimiento cero?

Información personal Nombre de nacimiento José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco Nacimiento 16 de junio de 1920 Ciudad de México ( México ) Fallecimiento 17 de febrero de 2004 (83 años) Ciudad de México ( México ) Nacionalidad Mexicana Religión Católico Familia Padres José López Portillo y Weber María del Refugio Pacheco Cónyuge Carmen Romano ( matr.1951; div.1991) Sasha Montenegro ( matr.1995; fall.2004) Hijos José Ramón, Carmen Beatriz, Paulina, Nabila y Alexander Educación Educación Licenciatura en Derecho Educado en Universidad Nacional Autónoma de México Información profesional Ocupación Político y abogado Años activo 1959-1982 Empleador Universidad Nacional Autónoma de México Partido político Partido Revolucionario Institucional Distinciones
  • Caballero de Gran Cruz con collar de la Orden al Mérito de la República Italiana
  • Collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca
  • Orden Nacional José Martí
  • Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
  • Real Orden de los Serafines
  • Collar de la Orden de Isabel la Católica (1977)
  • Caballero del collar de la Orden de Carlos III (1979)
  • Commander of Order of Manuel Amador Guerrero (1981)
  • Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional (1981)
Escudo

José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco ​ ( Ciudad de México, 16 de junio de 1920 – ibid,, 17 de febrero de 2004 ) fue un abogado, profesor, escritor y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982.

  • De 1972 a 1973 fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad,
  • Tras la renuncia de Hugo B.
  • Margáin en 1973, fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público por el presidente Luis Echeverría Álvarez, hasta su renuncia por su postulación como candidato presidencial en 1975.
  • Fue el único candidato en las elecciones de 1976 que contó con registro oficial.

Durante su mandato, sucedieron hechos como la concertación, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país y la primera visita del papa Juan Pablo II, En el terreno económico, durante su gobierno México experimentó en apenas un par de años, el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una grave caída —la primera en la segunda mitad del siglo XX— debida a una política monetarista ​ y una dilapidación de los recursos públicos ​ provenientes principalmente de los excedentes del petróleo,

La súbita caída de los precios del petróleo en el verano de 1981 desencadenó una crisis económica y financiera que se agravó hacia el final del gobierno de López Portillo, al tiempo que los aumentos en las tasas de interés por parte del gobierno estadounidense incrementaron en forma vertiginosa la deuda externa de México que había recurrido al financiamiento externo para desarrollar las reservas petroleras que habían sido descubiertas- de forma tal que, hacia el final del sexenio de López Portillo, México tenía la deuda externa más grande del mundo.

​ ​ En este contexto, en los últimos meses de su sexenio hubo una fuga de capitales masiva, por lo que tres meses antes de que concluyera su gobierno López Portillo decretó la nacionalización de la banca y el control de cambios, La grave crisis económica, aunada a los casos de corrupción y nepotismo que envolvían a su gobierno, harían de López Portillo uno de los presidentes más controversiales en la historia nacional, además de ser el último presidente identificado con la corriente del nacionalismo económico, puesto que sus sucesores emprenderían un viraje hacia el neoliberalismo,
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¿Cuál fue el primer sistema educativo en México?

La escuela modelo de Orizaba (Veracruz, México) La primera etapa de la Escuela modelo de Orizaba fue su fundación en el estado de Veracruz en 1883, bajo la dirección de Enrique Laubscher, que en ese entonces se llamaba cantonal. La escuela fue en poco tiempo un estímulo y paradigma de la vida escolar mexicana.
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¿Por qué la educación debe ser gratuita?

La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras complete su educación básica general. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.
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¿Quién impulso la educación en el porfiriato?

La educación durante el porfiriato. María del Carmen Aquino Hernández. Miguel De La Madrid Que Hizo Por La Educacion Introducción. La educación durante el porfiriato rescató gran parte del proyecto educativo juarista. Benito Juárez tenía un gran interés por tener una población preparada, ya que de ellos dependía el desarrollo del país, en este sentido la política de Porfirio Díaz retomó parte de las iniciativas y le dio impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Juárez.

Política Educativa en gobierno de Díaz. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción pública, con una influencia positivista, en la que quedaba asentada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa.Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras; con esto se buscaba tener profesionistas bajo las influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte liberal.La Escuela Nacional Preparatoria que había sido fundada el 2 de diciembre de 1867, tuvo en la época porfirista varios cambios entre los que también estuvieron incluidas las mujeres, estos fueron impulsados principalmente por Justo Sierra.

Joaquín Barrada quien fuera Ministro de Justicia e Instrucción de 1882 a 1901, realizó congresos con el objetivo de reunir a pedagogos, intelectuales y maestros con el propósito de que dichos congresos ayudaran a plantear un proyecto renovado para la educación.

  • El proyecto gubernamental creado a partir de las ideas y argumentos expresados en los congresos, desembocó en la Ley de Instrucción Obligatoria, en el año de 1888.
  • En provincia la situación era muy diferente, mientras que, en las ciudades importantes, principalmente en la capital del país, existió un gran interés por abrir escuelas en distintos sectores, en el campo había pocas escuelas en funcionamiento para educación básica, las cuales laboraban en condiciones precarias e improvisadas.

En cuanto a la educación especializada o superior, los planteles eran nulos. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes con Justo Sierra como Secretario de la misma. La institución tenía bajo su cargo en todos los territorios del país: la instrucción Primaria, Normal, Preparatoria y Profesional; además de algunas academias y sociedades científicas como el Instituto Patológico Nacional; la propiedad literaria, dramática y artística; las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos e históricos; la administración de teatros que dependieran del gobierno federal.

Para 1910, como parte de los festejos por el centenario del inicio de la lucha por la independencia, Díaz creó la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque el proyecto fue encabezado por Justo Sierra quien pretendía esto desde décadas atrás. Sierra también incluyó a la Escuela Nacional Preparatoria dentro del proyecto universitario.

Las ideas educativas durante el gobierno de Díaz estaban permeadas de un pensamiento de avanzada, pero hay que tomar en cuenta que estas son producto de intelectuales como Gabino Barrera o Justo Sierra, quienes desde el gobierno de Juárez estaban planteando estos proyectos a los que afortunadamente pudieron dar continuidad en el porfiriato. Miguel De La Madrid Que Hizo Por La Educacion Fuentes de consulta. Alvarado, Lourdes. La educación «superior» femenina en el México del siglo XIX: demanda social y reto gubernamental, México, UNAM, Centro de Estudios sobre la Universidad, Plaza y Valdés, 2004. —-, La polémica en torno a la idea de universidad en el siglo XIX, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2009.

  • Bazant, Milada.
  • Historia de la educación durante el porfiriato, México, Colegio de México, 1993.
  • El proceso de creación de la Universidad Nacional de México a través de las fuentes documentales, introducción y compilación María de Lourdes Alvarado y Martínez Escobar, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Programa Editorial, 2013.

Grupos marginados de la educación: siglos XIX y XX, María de Lourdes Alvarado, Rosalina Ríos Zúñiga (coordinadoras), México, UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Bonilla Artigas Editores, 2011. Gutiérrez Hernández, Norma.

  1. Mujeres que abrieron camino.
  2. La educación femenina en la ciudad de Zacatecas durante el porfiriato”, tesis para obtener el grado de doctorado, México, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras, 2012.
  3. Ortiz Cirilo, Alejandro, Laicidad y reformas educativas en México: 1917-1992, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015.

: La educación durante el porfiriato.
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¿Por qué se le llama de crecimiento cero?

Crecimiento cero de la población – Se le denomina crecimiento cero de la población o crecimiento poblacional cero o crecimiento nulo de la población (en inglés zero population growth ), en demografía, aquella población en la que al menos durante dos tiempos o momentos distintos la diferencia neta entre los nacimientos, las muertes y la migración es cero.
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¿Que se le conoce como el milagro mexicano?

El desarrollo estabilizador fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó de 1954 a 1970, se considera un periodo de crecimiento económico siendo conocido como la época del milagro mexicano; no obstante, después del maravilloso ascenso se presentó un brusco descenso en el desarrollo económico
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¿Quién fue el presidente después de Miguel de la Madrid?

En 1982, su antiguo profesor en la UNAM, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de México y Salinas fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto (SPP). Carlos Salinas fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI el 4 de octubre de 1987.
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¿Quién firmó el Tratado de Guadalupe?

Texto completo en Wikisource

El Tratado de Guadalupe Hidalgo (en inglés : Treaty of Guadalupe Hidalgo ), oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, ​ fue firmado al final de la Intervención estadounidense en México por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, y fue ratificado el 30 de mayo de 1848,

  • El tratado principalmente consistió en que México cedería un importante porcentaje de su território, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma,
  • Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el río Bravo,

​ Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra. Entre los aspectos notables del tratado, se encuentran los siguientes: se estableció al Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México y se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense.

Asimismo, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir disputas futuras bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el Artículo 10, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México,

También debilitó el Artículo 9, el cual garantizaba los derechos ciudadanos de aquellos mismos.
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¿Qué fue lo que hizo Miguel Hidalgo?

El 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la virgen de Guadalupe, lanzó el llamado grito de Dolores que inició la gesta independentista y, acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de cuarenta mil personas.
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¿Cuáles fueron las medidas económicas para superar la crisis económica de 1982?

Las crisis económicas de México del 1976 y 1982

Las crisis económicas de México en 1976 y 1982 y su relación con la criminalidad Martín Jiménez Alatorre Universidad de Guadalajara

En los años previos y posteriores a la crisis de 1976 el empleo, el valor de la moneda, la migración del campo a las ciudades y a los Estados Unidos de Norteamérica, el monto del salario y el costo de la canasta básica, presentaron variaciones que van en perjuicio de la clase trabajadora.

Con la crisis económica de los años ochentas la situación social fue más preocupante, pues aún la sociedad no se recuperaba de la crisis anterior, por lo que se originó una pauperización de de los grupos más marginados al mismo tiempo que la riqueza se concentra en pocas manos. Esta situación desencadenó un aumento en los índices delictivos, por lo que a partir de este momento, las autoridades comienzan a plantear a las crisis económicas como un factor criminógeno.

Minibiografía: Miguel de la Madrid

En la crisis económica de los años ochentas, la situación social fue diferente los mismos factores continúan teniendo variaciones en perjuicio de la clase media y trabajadora, generándose una pauperización de los grupos más marginados y la riqueza se concentra en pocas manos, la sociedad en este periodo sí reciente de sobremanera la mala administración de los recursos públicos, sus ingresos se ven disminuidos considerablemente por los bajos salarios y los costos elevados de los productos de primera necesidad, el desempleo aumenta a cifras nunca vistas, el dólar alcanza la cotización más alta de los tiempos, se generó más migración hacia Norte América, cada año aumentaba la deuda externa tanto como la interna, por lo que podemos determinar el inicio de una crisis permanente en México de la que aun no salimos y no se le ve salida.1.

  • La economía mexicana en los 70´s Es a mediados de la década de los 70´s cuando México experimenta una crisis provocada por el deterioro del modelo de sustitución de importaciones, que llegó a ser limitado para responder a las circunstancias económicas internacionales.
  • Para afrontar esta situación, el presidente Luis Echeverría, aplicó reformas para afrontar los estragos de la crisis.
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Con ellas se pretendió “la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras” (Guillén, 2000 p.40). Sin embargo estas iniciativas no menguaron el disgusto de los empresarios que ejercieron mayor presión sobre el gobierno a medida que pasaba el tiempo, de esta manera comenzaron a sacar sus capitales del país, generando con ello, que la intervención estatal se intensificará sobre la base de préstamos obtenidos en el extranjero iniciando un gran endeudamiento con el exterior.

  1. Tal situación motivó, entre otras cosas, que el salario no sufriera incrementos en los últimos meses, generando declaraciones de huelga en las que se exigía principalmente el incremento salarial.
  2. Frente a estos movimientos, la clase empresarial mexicana señalaba que la huelga, era factor que contraía la producción y que promovía la violencia “provocada por grupos sindicales que, llamándose independientes pretenden provocar un desquiciamiento económico general” ( El informador, Sábado 14 de agosto 1976, año LIX, t.

CCXXVIII, núm.21,012 p.1) En el caso tapatío el incremento pedido por los trabajadores se debía, a que el salario mínimo no había aumentado durante los últimos doce meses por lo que en Jalisco, “la Comisión Regional para la Fijación de Salarios Mínimos acordó por unanimidad el incremento del veintidós por ciento” (Orozco, 1975 p.11) es decir, el salario aumentó de 58.19 pesos a sólo 70.35 pesos, con los cuales se tenían que comprar productos como el frijol, que por kilo, costaba 5.90 pesos o de jitomate cuyo costo era de 6.95 pesos el kilo.

Pero lo peor no radicaba en el alza de los precios, sino en el creciente número de desempleados que la crisis traía consigo, pues éstos aumentaron el índice del subempleo que alcanzaría sus niveles más altos en la crisis de 1982. En este caso se mencionarán factores como el desempleo debido a que es considerado un factor criminógeno el cual puede ser “un estímulo endógeno, exógeno, mixto que concurre a la formación del fenómeno criminal” (Rodríguez, 1982 p.463).

A este elemento se le suman los siguientes: Factores criminógenos de orden social que son, en orden de importancia: a) la desorganización familiar; b) la falta de educación; c) el desempleo; d) el alcoholismo (que tiene íntima relación con los factores anteriores); e) la migración campesina a la ciudad (que provoca marginación y engrosamiento de los cinturones de miseria), y f) la desordenada urbanización de las grandes ciudades.

(Rodríguez, p.134) A los elementos anteriores les añadiría el crecimiento demográfico que ante un desordenado crecimiento provoca situaciones como: Marginación, contaminación, neurosis colectiva, frustración colectiva, desempleo, deficiencias en los servicios públicos, saturación de vehículos que produce un tránsito insufriblemente lento, falta de oportunidades en la educación superior, falta de opciones recreativas.

Y delincuencia en aumento. (De la Barrera, 1986 p.119) Por las repercusiones que tiene un aumento de la población, el gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Población, sugirió en esos años que se controle el crecimiento demográfico pues, “los problemas que actualmente enfrenta el país demanda de alimentos, escuelas, hospitales, servicios públicos – aumentarán alarmantemente” ( El informador,

Jueves12 de agosto de 1979, año LIX, t. CCXXVIII, núm 21,010.p.1). Cabe señalar que la población del país en ese momento era de 72 millones de mexicanos. Por ello el gobernador de Jalisco, Alberto Orozco Romero señaló que ante el inminente crecimiento de la población jalisciense, la participación de la mujer en el ámbito laboral será primordial.

Las cifras tan preocupantes como las que ahora revelan que por cada persona activa dependen cuatro, plantean como una verdadera exigencia la mayor participación cultural y productiva de la mujer, que está destinada a ser uno de los factores importantes del desarrollo de nuestra Patria.

  1. Es el momento para la aplicación de programas que propicien la más efectiva participación de la mujer en todos los órdenes, puesto que habrá de ser el futuro un verdadero y seguro soporte de la vida económica y política de México.
  2. Orozco, p.74) Aunque el reconocimiento de la problemática no frenó el crecimiento de la población, sí fue el momento donde se originan las campañas para la disminución de nacimientos, lo que años más tarde se nombraría con el eslogan de “la familia pequeña vive mejor”.

Cabe señalar que en el caso de la ciudad de Guadalajara el incremento comenzó después de los 40´s el cual no se debió del todo a un aumento en la tasa de natalidad, sino a la disminución de los índices de mortandad y también a la influencia que tuvo de manera importante la migración rural.

La migración fue propiciada por la reducida participación del sector primario, “tanto en el empleo como en el valor de la producción, a favor del resto de los sectores” (Arroyo, 1991 p.101), como el industrial. La consecuencia inmediata de este arribo masivo de personas, fue el crecimiento de la ciudad que comenzó su expansión, durante la década de los 40´s, cuando “el modelo de desarrollo industrial seguido por el país, la lucha revolucionaria y la cristiada, junto con la concentración de poder en Guadalajara, hicieron que ésta empezara a centralizar como nunca el excedente económico de una amplia región”.

(Arroyo, p.105) Mientras el fenómeno demográfico estaba presente en el discurso estatal, la cuestión económica seguía agravándose, a la espera de que el nuevo mandatario mejorara la situación de las cosas. De esta manera en 1976 es electo Presidente de la República el Lic.

José López Portillo, a quien le correspondería, gracias al descubrimiento de los yacimientos petroleros, mejorar la situación económica, aunque ese estado sólo durase poco tiempo.2.- México ante la crisis económica de 1982 En 1977 López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometiéndose a “limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía”.

(Guillén, p.42-43) Sólo durante un año el gobierno mexicano cumplió con lo pactado pues con el descubrimiento de los yacimientos petroleros, la política económica sufrió considerables modificaciones; por ejemplo en el rubro de las inversiones el Estado orientó sus esfuerzos en la construcción de una infraestructura petrolera.

  1. Con la mina de oro que representó el petróleo para México, el gobierno creyó haber encontrado el fin de las penurias económicas, al menos así lo reflejó el intenso crecimiento económico que se experimentó a partir de 1978 y que duró hasta los inicios de la década de los 80´s.
  2. Esta mejoría fue lograda en gran medida a la exportación del petróleo en crudo, actividad que ocupó el lugar central de la economía mexicana a finales de los 70´s ya que atrajo más de la mitad de la inversión pública, secundándola el área de servicios turísticos y urbanización.

Cabe señalar que el capital invertido fue producto de préstamos externos, que al tener por aval al petróleo no dudaron en otorgarle créditos al Estado mexicano y al sector privado, mismo “que incrementó su deuda con el exterior de 6 800 millones de dólares en 1976 a 19 107 millones de pesos en 1982: casi el triple”.

(Gurría, 1993 p.19) El entusiasmo que el petróleo trajo consigo se ve plasmado en el Tercer Informe de Gobierno del Presidente López Portillo: El petróleo es nuestra potencialidad de autodeterminación, porque nos hará menos dependientes del financiamiento externo y mejorará nuestras relaciones económicas internacionales.

Por no sólo eso: las posibilidades de explotación, transformación, inducción y asociación que a partir del petróleo podemos lograr nos permiten trazar una sólida estrategia de energéticos, actuar con una demanda asegurada de bienes de capital y, por ende, facilitar la planeación de la industria y sus asociaciones con el transporte, los asentamientos humanos, la educación, la capacitación, el desarrollo social y principalmente la agricultura.

(Diario de los debates del H. Congreso de la Unión, 1979: 6) Pero a pesar de la recuperación el fenómeno no benefició directamente a la población, pues sus salarios se mantuvieron sin grandes modificaciones, peor aún, a éstos se les impusieron los llamados topes salariales, que según la versión oficial, no perjudicaban gravemente a los asalariados, pues se había incrementado la oferta de empleos.

La reacción natural a este hecho fue, entre otras, la migración hacia Estados Unidos lugar donde podrían obtener los recursos suficientes para allegarse de bienes materiales. El perfil de los inmigrantes era el de una mayoría masculina que tenían entre 16 y 30 años, cuyo estado civil era de soltero, es decir, el sector con mayor capacidad productiva que no encontraba en su país empleos bien remunerados, pues en México durante 1978, el salario mínimo se mantuvo en 107.11 pesos registrando un ascenso de 15.96 en 1979.

1978 $ 107.11
1979 $123.07
1980 $144.11
1981 $189.11
1982 $253.67

INEGI) Esta situación propició que en Guadalajara la Cámara de Comercio señalará que “un sin fin de puestos callejeros comerciales y vendimias de todas clases se han estado apoderando de todas las calles y avenidas” ( El Informador, Martes 29 de agosto de 1978, año LXI, T.CCXXXVI, núm.21755 p.1) Cabe señalar que un dólar ganado por esas personas en Estados Unidos, equivalía en 1982 a 57.18 pesos, cotización que durante el periodo de 1977-1981, se mantuvo estable después de un periodo en el cual la moneda estadounidense presentó incrementos significativos. (INEGI) Pero ¿por qué la población toleró estas condiciones? Primeramente habría que mencionar la pasividad sindical, que al servicio del estado no podía sino mantenerse al margen, tranquilizando a sus agremiados con discursos que ofrecían una pronta mejora de las condiciones laborales; por otro lado estaban frescos los sucesos del 68 y 71, de la represión a la que el gobierno fue capaz de llegar con tal de parar las manifestaciones; sumado a lo anterior, el subempleo permitía allegarse de más ingresos.

Finalmente, la recepción de remesas enviadas desde el vecino país del norte y la solidaridad familiar también participó en el aguante de la sociedad. (Rey 1987, pássim ) Los legisladores por su parte opinaron al respecto señalando que la condonación del pago de impuestos a las clases más necesitadas, ayudaría a mejorar su situación, al menos así lo declaró el Senador Gracialiano Alpuche Pinzón, quien apoyándose en los resultados obtenidos en otros estados señaló que sería el medio para “frenar la inflación y evitar un aumento general de salarios” ( El Informador, Martes 01 de agosto de 1978, año LXI, t.

CCXXXVI, núm.21727 p.1). Sin embargo parecería que ninguna acción tomada parecía frenar el impacto de la crisis, pues observamos en los periódicos locales de 1978, que la venta de autos y casas aumentó de manera alarmante. Respecto a la economía nacional, la exportación de petróleo había permitido mantener cierto equilibrio, pero la situación se agravó pues no sólo aumentó la captación de recursos ya que la deuda externa de “representar 37 mil millones de dólares en 1978, pasó a 71 mil millones de dólares en 1981”.

Guillén, 1990 p.58) Dicho incremento se presentó gracias al alza en los intereses, que tan sólo con el aumento de éstos del 1%, México tenía que pagar anualmente por concepto de intereses 323 millones de dólares. Cabe hacer la observación que el nivel de endeudamiento se elevó tanto por que se legó el plazo de los vencimientos de loa préstamos obtenidos a partir de la crisis de 1976.

Esta situación aunada a la disminución de cuatro dólares por barril, provocando que en 1982, México recurriera nuevamente al préstamo externo con el fin de “frenar la fuga de capitales y cubrir el servicio de la deuda externa” (Guillén, p.47), sólo que ahora el vencimiento de los créditos eran a corto plazo.

  1. Entre las consecuencias que trajo consigo, encontramos que, el dólar duplicó su valor ante el peso y se nacionalizó la banca pues se le culpó de la fuga de capitales, provocando de esta manera una severa crisis económica.
  2. Al respecto el gobierno mexicano activó mecanismos para renegociar la deuda externa, evitar paros laborales, la fuga de capitales y desempleo; con lo que respecta a la deuda, el Secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog, logró una prórroga en el pago que para entonces era calculada en 60 000 millones de dólares.

( El Informador, Sábado 21 de agosto de 1982, año LXV, t. CCLII, núm.23,204 p.1) En esa ocasión también se acordó la ampliación de exportación de petróleo tipo istmo hacia EU, con el cual se “cubriría el anticipo de 1,000 millones de dólares que entregó la secretaría de Hacienda de EU”, ( El Informador, miércoles 25 de agosto de 1982, año LXV, t.

CCLII, núm.23,208 p.1) este contrato se firmó como parte del programa que se elaboró para contar con recursos en dólares. En este mismo sentido el Banco Internacional de Pagos, en Suiza, le otorgó a México un “total de 1,850 millones de dólares puestos a disposición del Banco de México para hacer frente a la grave crisis financiera”.

( El Informador, lunes 30 de agosto de 1982, año LXV, t. CCLII, núm., 23,213 p.1) Por otra parte el gobierno autorizó el incremento del salario aunque un sector considerable de la sociedad tenía que enfrentar el creciente desempleo producido por el cierre de diversas empresas, que tan sólo en el ramo de las maquiladoras fue de 1620.

Para los empresarios el alza en el salario “contradecía la meta propuesta de mantener un tipo de cambio realista y precios estables, de modo que la fuga de capitales se aceleró ante lo que percibían los agentes económicos como un programa de ajuste contradictorio” (Lusting, 1994 p.44), por lo que la fuga de capitales continuó su tendencia ascendente.

Resultado de ello fue que en agosto de 1982 el incremento de los precios en los productos básicos: La Secretaría de Comercio anunció hoy nuevos incrementos de precios a la tortilla que pasará de 5.50 a 11 pesos; el bolillo y telera de 70 gr. de 0.50 a 1 peso; la gasolina nova de 6 a 10 pesos; el gas doméstico de 4.30 a 5.10 kilo, más un incremento mensual de 10 centavos por kilo durante doce meses.

  1. El Informador,
  2. Lunes 02 de agosto de 1982, año LXV t.
  3. CCLII, núm.23,185.p.1) El estancamiento de la economía mexicana durante estos años y la política económica que siguieron los presidentes Luis Echeverría y López Portillo, generaron una radicalización de la población que vieron disminuidos sus ingresos.

Los elevados precios en alimentos y artículos vitales, la disminución de los apoyos al campo, el desempleo y los bajos salarios, fueron factores que repercutieron en las familias mexicanas e influyeron en la migración hacia el país vecino y en el crecimiento de las ciudades donde buscaban mejorar sus condiciones de vida.

Bibliografía ALCOCER, Jorge (comp.) México presente y futuro. México, Ediciones de cultura popular, 1985. ARROYO Alejandre, Jesús. et. al, Migración rural hacia Estados Unidos. Un estudio regional en Jalisco. México, CONACULTA,1991. Breve Diccionario Porrúa de la Lengua Española. México, Editorial Porrúa, 1993.

DE LA BARRERA Solórzano, Luis. “La crisis y la criminalidad” en Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín (coords.) México ante la crisis. México, Siglo XXI Editores, 1986. GONZÁLEZ Casanova, Pablo y Héctor Aguilar Camín (coords.) México ante la crisis.

  1. México, Siglo XXI Editores, 1985.
  2. GUILLÉN Romo, Arturo.
  3. México hacia el Siglo XXI.
  4. Crisis y modelo económico alternativo.
  5. México, Plaza y Valdés Editores, 2000.
  6. GUILLÉN Romo, Héctor.
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  8. México, Ediciones Era, 1990.
  9. GURRIA, José Ángel.
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  • México: hacia la reconstrucción de una economía, México Fondo de Cultura Económica 1994, citada en Lomelí Leonardo y Emilio Zebadúa.
  • La política económica de México en el Congreso de la Unión (1970-1982).
  • México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
  • LOMELÍ Leonardo y Emilio Zebadúa.
  • La política económica de México en el Congreso de la Unión (1970-1982).

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¿Qué hizo Salinas en la salud?

El Seguro Popular de Salud en México: Pieza Clave de la Inequidad en Salud Popular Health Insurance: key piece of inequity in health in Mexico Silvia Tamez González y Catalina Eibenschutz Departamento de Atención a la Salud. Área de investigación Estado y servicios de salud.

  • Universidad Autónoma Metropolitana.
  • México, D.F.
  • [email protected], [email protected] Recibido 8 Enero 2007/Enviado para Modificación 2 Mayo 2008/Aceptado 29 Agosto 2008 RESUMEN El objetivo central de este trabajo es presentar un análisis de la situación actual del Sistema Nacional de Salud mexicano, resultado de las sucesivas reformas realizadas desde la década de los ochenta.

Interesa de manera especial, enfatizar el papel que ha jugado el Seguro Popular de Salud (SPS) como pieza clave de la mercantilización de la atención médica. Para tal efecto, en la primera parte se presentan los principales antecedentes de los cambios realizados durante las dos últimas décadas del siglo pasado, y en la segunda se analiza la situación actual a partir del inicio del nuevo milenio.

  • El análisis se centra en una evaluación inicial de los alcances y limitaciones del Seguro Popular de Salud bajo la perspectiva de la equidad del acceso a la atención médica.
  • El análisis concluye que debido a que no hay una perspectiva médica en las reformas estructurales, este seguro representa un programa discrecional, presidencial y focalizado que resta fondos a las instituciones grandes de la seguridad social, obligándolas, en muchos casos, a realizar adecuaciones presupuestarias en detrimento de la calidad de la atención.

Esta situación constituye, en el futuro inmediato, una segmentación del Sistema Nacional de Salud que determinará nuevas condiciones diferenciales del acceso de la población a los servicios médicos, aumentará la inequidad en salud y contribuirá a incrementar la gran desigualdad social prevaleciente en México.

  • Palabras Clave : Equidad, acceso, atención médica, reforma sanitaria, seguridad social ( fuente: DeCS, BIREME).
  • ABSTRACT This work is aimed at presenting an analysis of the Mexican health system’s current situation resulting from successive reforms which have been carried out since the 1980s.
  • Special interest is placed on the role which the Seguro Popular de Salud (SPS – a “popular”, meaning universal, health insurance plan) has played, being a key piece in commercialising medical attention.

The first part of this work thus presents the main antecedents for the changes made during the last two decades of the last century and analyses the current situation since the start of the new millennium. Such analysis is centred on an initial evaluation of the Seguro Popular de Salud’ s scope and limitations from the perspective of equity in gaining access to medical attention.

The analysis concludes that due to a medical perspective not having been present in the structural reforms, then this insurance policy represents a discretional, presidential and focalised programme taking funds away from the large social security institutions, obligating them (in many cases) to make budgetary adaptations to the detriment of providing quality attention.

This situation will constitute (in the immediate future) a segmentation of the National Health System which will determine new conditions regarding the population’s differential access to medical services, increase inequity in health and contribute towards increasing the great social inequality prevailing in México.

  1. Ey Words : Equity, access, medical attention, sanitary reform, social security ( source: MeSH. NLM ).
  2. La reforma de los servicios de salud en México.
  3. Principales antecedentes En México, desde inicios de la década de los ochenta se empezaron a perfilar las intenciones gubernamentales de transformar los servicios de salud bajo la propuesta del establecimiento de una coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, esta iniciativa no prosperó debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (en ese entonces la institución más fuerte del sector), no colaboró con el ministerio de salud en esta iniciativa. Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se pusieron las bases para iniciar el inexorable proceso de desmantelamiento de la seguridad social, pues se eliminó el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como responsable de la administración de fondos y pagador de las pensiones de los trabajadores del sector industrial, al asignar estas tareas a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y a las aseguradoras.

Con estas medidas, se inaugura la administración y el control privado sobre los fondos de pensiones y se establecen las bases para la transferencia masiva de fondos del sector público al privado, el fortalecimiento de los grupos financieros y la mercantilización del sistema de pensiones (1). En este sexenio, también se perfilaron con mayor fuerza las acciones de focalización contra la pobreza, en las que se incluyeron diversas actividades en salud que dependían directamente del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, es hasta mediados de la década de los noventa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, que se expresan con mayor claridad las intenciones del Estado mexicano de adoptar al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

  1. Estas recomendaciones se orientaron a realizar la primera fase de reforma de los servicios de salud, para lo cual, era necesario fracturar las bases de la seguridad social, que ya por entonces atendía alrededor del 50% de la población mexicana.
  2. Así, durante la década de los noventa, el gobierno continúa la reforma del sistema de salud mexicano, favoreciendo el reforzamiento y la creación de las condiciones necesarias para la mercantilización de la atención médica.

Las dos acciones fundamentales para lograrlo fueron el debilitamiento de la seguridad social mediante las modificaciones a la Ley del IMSS (2) y la reorganización de los servicios que atienden a la población no asegurada (3). Los cambios en este periodo fueron muchos y muy diversos, se puede decir que sentaron las bases para la expresión plena de los verdaderos objetivos de la reforma de los servicios de salud: la emergencia de la anhelada mezcla pública-privada, como forma de garantizar el flujo de recursos del sector público de la atención médica al sector privado.

  1. En la presente década, la identidad del Programa Nacional de Salud 2001-2006 con el plan del gobierno anterior, así como las acciones realizadas por el gobierno actual, expresan claramente que la reforma de los servicios de salud en México forma parte de la reforma del Estado mexicano.
  2. Desde luego, es necesario tener en cuenta que una aplicación tan radical de esta reforma fue posible gracias a la ausencia de participación de la mayoría de los actores sociales involucrados.

El nuevo siglo: continuidad de las tendencias de reforma A partir del año 2000, durante el gobierno de Vicente Fox, se diseña y aplica el Programa Nacional de Salud 2001-2006, que fue titulado “La democratización de la salud en México”, el cual profundiza las estrategias reseñadas anteriormente.

En él se plantea la necesidad de “alinear las políticas fiscales con las políticas de salud mediante el estímulo al prepago por la atención a la salud” (4). En el año 2001, el Banco Mundial propone medidas para prácticamente todos los ámbitos sociales y económicos del país, a partir de una agenda de desarrollo de cinco puntos.

En ese documento se plantea un ordenamiento general que sin duda atañe a la reorganización de los servicios de salud, pues en él se plantea la necesidad de: “Redoblar los esfuerzos para acelerar el crecimiento y la competitividad en el largo plazo, estableciendo un sistema financiero sólido que estimule la inversión privada y proteja los ahorros de los mexicanos.

Se recomienda asimismo eliminar las barreras a los flujos de capital privado liberalizando en forma gradual las áreas que actualmente se encuentran dominadas por el sector público o son monopolios cuasi-públicos” (5). En el documento “La Reforma de la Salud en México”(6), basado en el Informe sobre la Salud en el Mundo de 2000 (7), se presentan 4 acciones prioritarias para lograr las metas del PNS 2001-2006, a saber: a) establecer el seguro nacional de salud (actualmente Seguro Popular de Salud-SPS); b) separar el financiamiento de la prestación de servicios; c) incentivar la participación del sector privado en el cuidado de la salud y d) crear un fondo nacional de salud pública (8).

La separación de funciones se centró en el cambio del papel del ministerio de salud, limitándolo a la recaudación y normatividad de las demás instancias del SNS, al margen de la prestación de servicios. En la seguridad social, las cuotas del seguro de enfermedad y maternidad fueron transferidas a un organismo autónomo, denominado Fondo Solidario de Salud (FSS), orientado a asegurar el “techo financiero” y transferir los recursos a las administradoras de salud, las cuales pueden ser públicas o privadas.

  • La principal razón que fue esgrimida a favor de incentivar la participación privada en la prestación de servicios de salud fue la saturación de los servicios del IMSS.
  • Por su parte, la propuesta gubernamental, con claros tintes privatizadores, señala que ante la imposibilidad de atender a la “nueva población derechohabiente”, constituida por los grupos cotizantes más altos y por los trabajadores de la economía informal, se debe utilizar la infraestructura disponible a través de establecimientos privados mediante un financiamiento público.

En la actualidad este proceso de transformaciones tiene como principal pivote la expansión del SPS pues, como ya se dijo anteriormente, este programa garantiza, masivamente, la expansión de la mezcla público-privada de la atención médica. Actualmente, el Sistema Nacional de Salud está constituido por tres subsistemas.

El primero representado por la seguridad social laboral (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-ISSSTE, Petróleos Mexicanos, etc.); el segundo, correspondiente a servicios para población no asegurada por la seguridad social (Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud); y el privado, conformado por compañías aseguradoras, empresas médicas y prestadores pequeños y privados.

Estos subsistemas fueron constituidos desde formas de financiamiento específicas. El primero, por el Instituto de Seguridad Social, financiado por las cuotas obrero patronales y el presupuesto federal; el segundo a partir de recursos fiscales y cuotas familiares; y el tercero financiado por seguros privados o pago directo.

  1. Desde luego, esta estructura contempla la inserción del sector privado en los tres subsistemas, fundamentalmente a partir de dos mecanismos: el SPS y la subrogación de servicios.
  2. Se puede observar una configuración diferente del Sistema Nacional de Salud, con una clara separación entre instituciones administradoras del financiamiento y prestadoras de servicios, que a diferencia del esquema anterior, en el que sólo podían ser públicas, en la actualidad también pueden ser privadas.

Esto plantea para la población una segmentación del sistema que, aunque sigue teniendo como característica fundamental la separación entre población asegurada y no asegurada, abre para ambas, una diversidad de servicios a los que estos grupos podrán acceder a partir de seguros privados, de acuerdo a su capacidad de pago.

Esta nueva estructura del SNS, cuyos cambios radican en la inserción del sector privado en sus diferentes niveles y la emergencia definitiva en México del denominado mix público-privado de la atención médica, se concreta en el SPS, el cual tiene como rasgo intrínseco el traslado de recursos del sector público al privado (9).

La nueva estructura del SNS anticipa una recomposición de la segmentación de la población con base en una nueva forma de acceso diferencial a los servicios de salud. Así, el acceso de la población a la atención médica ha sido redefinido, conformándose un grupo bajo la cobertura de la seguridad social, compuesto fundamentalmente por trabajadores de la economía formal de media y baja cotización (los afiliados al IMSS y al ISSSTE) ; otro grupo, proveniente de la economía informal, población pobre no asegurada que, en el mejor de los casos, tendrá acceso a los servicios brindados por las instituciones estatales de salud, compitiendo por la atención con los grupos bajo el SPS; y un tercer grupo, que a partir del SPS, accederá a servicios privados de acuerdo a su capacidad de pago, compuesto por los grupos de mayor cotización a la seguridad social, sectores de la economía informal y la población de clase media no asegurada.

La parquedad de los recursos a la que se ha sometido desde hace más de veinte años al sub-sector público, ha producido un deterioro de los servicios. Dentro del nuevo esquema, este sub-sector queda en desventaja para competir con el privado. Así, el análisis de la evolución de los recursos y de los servicios durante la década pasada confirma la conformación de un sector público mucho menos fuerte que en el pasado, sobre todo en lo relacionado con la cobertura de servicios de segundo y tercer nivel, en correspondencia con la expansión del sub-sector privado a expensas del crecimiento de diversas formas de aseguramiento (10).

Antecedentes y evolución del SPS El SPS inició su fase piloto en octubre de 2001 en cinco estados de la República (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco), y constituyó el “brazo operativo” del Sistema de Protección Social en Salud a partir del 1º de enero de 2004, cuando entraron en vigor las adiciones a la Ley General de Salud (11), que sustentan las acciones de protección social en salud que ofrecerán las entidades federativas.

Según la versión oficial, su principal objetivo es sustituir el pago de bolsillo de las familias por el prepago, condición indispensable para el financiamiento de los seguros médicos y para la expansión del sector privado. La población objetivo fue las familias de los seis primeros deciles de la distribución de ingreso que no son derechohabientes de la seguridad social, residentes en el territorio nacional y que tuvieran acceso a unidades de salud con capacidad y calidad suficiente para ofrecer la prestación de los servicios médicos (12).

Los servicios ofrecidos por el SPS se dividen en servicios esenciales y servicios de alto costo. Los primeros se contemplan en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud (CASES) y se ofrecen en unidades de atención ambulatoria y hospitales generales.

Los servicios de alto costo se ofrecen en hospitales de especialidad. Esto constituye un cambio notable en la concepción del derecho a la salud, que ahora circunscribe la prestación de servicios a un catálogo de beneficios médicos de primer nivel y a otros de hospitalización para especialidades básicas en el segundo nivel de atención.

El SPS se postula como público y voluntario. Sin embargo, en los hechos este programa más bien es de carácter obligatorio y su costo es cubierto mediante subsidio federal proveniente de recursos fiscales y de cuotas de los beneficiarios por concepto de afiliación según decil de ingreso.

La contribución familiar se complementa con una aportación estatal mínima (0.5 veces la cuota social) y una aportación federal (1.5 veces la cuota social) procedente del actual Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA, Ramo 33), que ya financia la mayor parte de las actividades de salud de las entidades federativas.

Los servicios esenciales se financian con recursos que se concentran en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona (FASSP), mientras que los servicios de alto costo lo hacen a través de un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).

  • Este fondo cubre un paquete de servicios definidos por medio de un análisis de costo-efectividad que, supuestamente, será puesto al día cada año con base en los cambios del perfil epidemiológico, el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de recursos.
  • Además del FPGC, el SPS cuenta con otros dos fondos: el primero de ellos, equivalente al 2% de la suma de la cuota social, la contribución solidaria federal y la contribución solidaria estatal que debería de estar destinado a la promoción de la infraestructura en las comunidades pobres; el segundo, igual al 1% de esa misma suma, orientado a cubrir las fluctuaciones en la demanda y los pagos retrasados dentro de los estados.
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Con respecto a las cuotas de los afiliados, se determinó fuesen menores a los gastos de bolsillo reportados por la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares por decil de ingreso (13). En la Tabla 1 se muestran los conceptos de cuotas de acuerdo al decil de ingreso. Aparentemente, esta estructura de cotización conforma un sistema solidario pues la cuota es progresiva según el nivel de ingreso de cada familia y es complementada por el subsidio federal para cubrir el costo de la prima. Ante este panorama cabe preguntar ¿de dónde se financiarán los diversos fondos de la propuesta? Es lógico pensar que serán subsidiados con recursos federales o estatales, de tal manera que esta propuesta devela una intención de segmentar y deteriorar más las arcas financieras de la seguridad social.

Cobertura Al cierre del año 2004, un total de 30 entidades suscribieron el acuerdo. Durante el primer bimestre del 2005 se incorporaron Durango y el Distrito Federal. Cabe mencionar que en esta última entidad, la implementación del seguro fue sin consenso de las autoridades sanitarias locales. Al respecto, la entonces secretaria de salud de la Ciudad de México, Cristina Laurell, fue contundente al afirmar que el Seguro Popular incrementaba la segmentación del sistema de salud pues dividía a la población sin seguridad social en dos nuevos grupos.

Además, resultaba ser una propuesta poco viable para los habitantes de esta entidad federativa, dado que desde 2001 se había puesto en marcha el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos (14). En lo que respecta a la cobertura del Seguro Popular se pueden encontrar numerosas irregularidades e incongruencias.

El índice compuesto de “cobertura efectiva”, entendida como “el uso de un servicio, condicionado a una necesidad verdadera y ajustado por la calidad de la intervención”, elaborado y utilizado por Lozano, Gakidou y colaboradores (15) para evaluar el avance del Seguro Popular a nivel nacional, como lo ha demostrado Laurell (16), contiene varias deficiencias.

Las conclusiones a las que llegan dichos autores a partir de los datos obtenidos con el mencionado índice de cobertura efectiva no son sorpresivos ni revelan nada nuevo: los estados más pobres tienen menor cobertura efectiva y los que destinan más gasto público a salud tienen mayor cobertura efectiva.

  • Sin embargo, una dificultad importante al querer evaluar el desempeño del SP es que los datos estadísticos proporcionados por la propia Secretaría de Salud (SS) son incongruentes.
  • El número de hogares sujetos de afiliación (los que no cuentan con seguridad social) que utiliza la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), dependiente de la Secretaría de Salud, para medir el grado de avance del SP, no corresponde con el total de población no asegurada por entidad federativa que la misma Secretaría de Salud reconoce a través de su Dirección General de Información en Salud (17).

Por ejemplo, según los datos de la Dirección General de Afiliación y Operación, perteneciente a la CNPSS, en los estados de Tabasco y Colima habría ya en estos momentos una tasa de hogares afiliados al SP de 128 % y 129 %, respectivamente. Sin embargo, estos mismos datos no reconocen la existencia de 42 185 personas en el estado de Tabasco y 9 102 personas en el estado de Colima no aseguradas que sí son reconocidas por la Dirección General de Información en Salud.

Lo más sorprendente es que ambas Direcciones, pertenecientes a la SS, reconocen como fuente de sus estimaciones al XII Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el año 2000. Y así en cada entidad federativa: cientos de miles de personas sin seguridad social no son contempladas por la CNPSS como sujetos del derecho a la protección a la salud.

Si esto es así en un estado pequeño como Colima, y en un estado con el mayor gasto público en salud en la historia, como Tabasco (ambos pioneros del SPS), ¿qué podríamos esperar en estados de extrema pobreza y marginación como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán? De los 3 632 291 chiapanecos, en su mayoría indígenas, sin seguridad social, sólo han afiliado a menos de la tercera parte (32,9 %); de los 2 827 006 oaxaqueños sin seguro social, sólo han afiliado al 24,8 %; de los 2 471 050 guerrerences sin seguridad social, sólo han afiliado al 26,3 %; y de los 2 997 567 michoacanos sin seguridad social, sólo han afiliado al 12,3 %.

Más allá de discursos entusiastas sobre la “democratización de la salud” y de “evidencias” tecnocráticas, la realidad de la salud en México está muy lejos de encaminarse al 100 % de población cubierta para el 2010, como los defensores del SPS vaticinan. Algo parecido ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Congreso mexicano al encontrar que “se incumplirá el compromiso de alcanzar el 100 % de cobertura en el año 2010, toda vez que, con la incorporación del 14,3 % anual, se alcanzará el 94,7 % (11 986 227) de las 12 649 905 familias que la SS ha previsto para ese año (2006); además, para entonces la ASF estimó que la población objetivo ascenderá a 14 039 620, lo que significa que 2 053 393 no tendrán acceso a las prestaciones y servicios del sistema”(18).

Tendencias del Seguro Popular de salud Durante el año 2006 fueron publicados en The Lancet una serie de artículos en los que prácticamente se proclama el éxito rotundo del SPS (19,20); sin embargo, existen algunos hechos que cuestionan el prematuro “éxito” y la viabilidad del SPS como aspirante a convertirse en el tercer régimen de seguridad social del país.

El SPS deberá cubrir en el año 2010 al 50 % de la población mexicana con un crecimiento promedio anual del 14,3 %; sin embargo, dado que en la primera fase no se construyó infraestructura alguna, la atención prestada fue prácticamente a expensas de los servicios de atención de la red pública de la SS y de los sistemas estatales de salud, ya de por sí insuficiente.

En lo financiero, se prevé una gran vulnerabilidad de los presupuestos estatales, pues el presupuesto federal fluirá hacia los estados en función de la cantidad de familias aseguradas y por lo tanto, el que registre menos afiliación, será el que reciba menor presupuesto.

De esta forma, en Chiapas, uno de los estados con menor infraestructura, el 80% de la población se ubica en los deciles I y II que no pagan prima; en contraste, en Nuevo León, este tipo de habitantes representan el 29% y el resto está adscrito a algún esquema de seguridad social; esto plantea para el sistema una inequidad estructural de origen.

Por otro lado, comparando las cuotas de la Seguridad Social con las del SPS, se observa que las cuotas de la primera van de 7 a 100 dólares, mientras que las del segundo se encuentran tasadas entre 60 y casi 1000 dólares (16). Además, otra desventaja es que en la SS, la exención de cuotas obreras se hace con ingresos menores a tres salarios mínimos lo que corresponde al V decil del SPS; considerando que en este último seguro la exención de pago sólo se realiza en los dos primeros deciles, el gasto resulta mucho más oneroso para las familias.

  • Los recursos materiales y humanos también son un problema pues, hasta la fecha, se han construido 1 792 unidades ambulatorias y unos cuantos hospitales con solamente 12 a 20 camas que, por cierto, no se ubican en áreas críticas.
  • Atendiendo a la estructura del gasto, no se visualiza la solución a este problema, pues el 15 % está destinado a contratación de personal, el 59 % a medicamentos y solamente el 26 % es destinado a inversión de capital (16).

Los paquetes de servicios también representan limitaciones serias pues, además de que las acciones son elegidas bajo el criterio de costo/efectividad, no contemplan varios problemas de salud que ocupan las primeras causas de morbilidad y mortalidad como infarto, cáncer y accidentes severos.

Inicialmente sólo fueron contemplados 78 padecimientos, pero la lista tuvo que ser revisada en dos ocasiones bajo criterios poco claros; actualmente cubre 225 intervenciones (21) y en muchos casos, ítems que aparecen como nuevos, representan solamente una especificación de varias modalidades de un solo padecimiento.

Otra gran limitación se deriva de que, en contra de la lógica de la evolución de la enfermedad, el paquete contempla algunos casos que implican ciertos grados de gravedad. Es decir, si los pacientes empeoran se ven en grave riesgo de no ser atendidos.

  • Dentro de estos rótulos se encuentran padecimientos como enfermedad isquémica del corazón y traumatismo craneoencefálico.
  • En cuanto al FPGC, de las 17 causas elegidas, se han atendido solo 4 tipos de padecimientos, dando como resultado que existan fondos que no son utilizados.
  • Finalmente, la evaluación en la que se basó la proclama del éxito del SPS a partir del método basado “en evidencias” ha sido severamente cuestionada por Laurell (16) debido a las siguientes cuestiones: – Solo 5 de los 34 autores a los que se hace referencia son ajenos al grupo de trabajo del entonces secretario de salud; – Fueron aplicados índices compuestos y no se sabe el peso específico de cada aspecto considerado; – Se ocultan datos y fuentes originales, lo que da lugar a que varias estimacio nes se realicen sobre datos inexistentes o no verificables; – La evaluación de la “cobertura efectiva” se basa solamente en 18 interven ciones, de las cuales 10 no contemplan la calidad de la intervención y 9 son autoreportadas; – Las categorías y procedimientos estadísticos no son explicados; – Los cálculos pueden estar sesgados debido a que se trata de poblaciones que ya contaban con infraestructura sanitaria antes de la entrada en operación del SPS.

Además, el SPS tiene un costo que están pagando todos los mexicanos con recursos fiscales y se prevé que progresivamente los gobiernos estatales y la población vayan asumiendo la totalidad de dicho gasto en un periodo de cinco años (22). Es decir, las entidades que no puedan cubrir el fideicomiso correspondiente tendrán que recurrir a las instituciones de servicios privados para compensar la falta de infraestructura lo que probablemente repercutirá en incremento en las cuotas de los afiliados.

El SPS no atiende las causas que empobrecen a las familias mexicanas como la hospitalización, las intervenciones quirúrgicas y el acceso a medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer cérvico-uterino. Además, tampoco incluye “enfermedades persistentes” en un plazo máximo de 18 meses, es decir, si alguien tiene un padecimiento de varios años atrás o que fue diagnosticado médicamente hace tiempo, tampoco las cubre, y hasta el cuadro de medicamentos esta limitado.

Consideraciones finales Después de 20 años de la aplicación de las políticas económicas de austeridad en México, los resultados muestran que las prioridades de desarrollo social que dice tener el gobierno van en sentido contrario. Como observamos, la política de la salud se ha encaminado a la creación de un mercado para el sector privado, a través de dos estrategias: a) hacer que los servicios públicos sean percibidos como insuficientes y de mala calidad (lo cual incrementa la demanda de los servicios privados); y b) contar con formas de financiamiento para el sector privado.

Aunado a esto, la reducción del gasto en salud ha causado que el sector dedique cada vez más recursos al pago de la nómina y menos al gasto de inversión, hecho que ha influido de manera negativa en la ampliación de la infraestructura y en el equipamiento de las unidades. Por otra parte, frente a una grave problemática de la situación sanitaria en México, que se debate entre la fuerte reducción presupuestal, el monopolio de hospitales privados y el encarecimiento desmedido de los medicamentos, el gobierno neoliberal implementa el Seguro Popular de Salud (SPS), programa que adolece de una propuesta médico-clínica de bienestar social cuyo propósito real es implantar el modelo llamado de participación público-privada.

El SPS, pieza clave en la reestructuración del Sistema Nacional de Salud, muestra dos problemas fundamentales: 1) no es viable, pues hasta ahora se trata primordialmente de una propuesta que no cuenta con la infraestructura necesaria para brindar servicios de calidad a la población “asegurada”; y 2) la cobertura de los riesgos es muy limitada y condicionada.

  1. Debido a que no hay una perspectiva médica en las reformas estructurales, el SPS representa un programa discrecional, presidencial y focalizado que resta fondos a las instituciones grandes de la seguridad social.
  2. El SPS profundiza la descentralización de los servicios de salud con el ingrediente de que ahora las entidades federativas van a tener que aportar una cantidad igual o superior a la que aporte la federación (23), obligándolas, en muchos casos, a realizar adecuaciones presupuestarias en detrimento de la calidad de la atención.

Esta situación constituye para el futuro inmediato una segmentación del SNS que determinará nuevas condiciones diferenciales del acceso de la población a los servicios médicos. Estas condiciones aumentarán la inequidad en salud y contribuirán a incrementar la gran desigualdad social prevaleciente en México.

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