Libertad Que Se Limitan En La Escuela?

Libertad Que Se Limitan En La Escuela

Entiende mejor lo que dice la ley. Los tribunales que interpretan la Primera Enmienda han identificado algunas categorías limitadas que tu escuela podría restringir en cuanto a tu derecho a la libertad de expresión, incluyendo:

  • expresiones o lenguaje verbalmente abusivos (hostigamiento).
  • expresiones o lenguaje que promueven el uso de sustancias ilegales, o que son indecentes y vulgares.
  • expresiones o lenguaje donde el personal de la escuela pueda llegar a la conclusión que se podrían generar interrupciones reales y sustanciales en las actividades escolares, a partir de hechos concretos.

Las escuelas no pueden suponer que ciertas expresiones crearan interrupciones sustanciales. Ni tampoco pueden catalogar alguna expresión o lenguaje como “sustancialmente” perturbadores simplemente porque podrían crear controversia, inconveniencia o incomodidad, o porque la respuesta de otras personas a las expresiones  de los estudiantes podría generar interrupciones.

Si un grupo de estudiantes hostiga a un compañero porque está usando una camiseta con mensajes que apoyan la igualdad LGBTT, la escuela debe tomar medidas disciplinarias inmediatas en contra de los hostigadores.

Presionar al estudiante a que use otra camiseta no es una solución al problema. Tal y como lo ha explicado un tribunal federal en el contexto de expresiones de apoyo a las personas gay, la Primera Enmienda “no tolera que reine una multitud de estudiantes descontrolados”.

¿Qué es el derecho a la libertad en la escuela?

. ¿Qué es la educación libre? “Educación libre” es un asunto de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe pensarse en libre en el sentido de “libertad de expresión para los alumnos/estudiantes/usuarios”, no en el sentido de “gratuita”. La educación libre es una cuestión de libertad de los estudiantes/usuarios para estudiar, para apropiarse de los conocimientos construidos por sus compañeros, compartir con sus colegas los conocimientos adquiridos, modificar los conocimientos y mejorarlos.

Más precisamente, se refiere a cuatro libertades de los estudiantes: – La libertad para aplicar los conocimientos adquiridos para cualquier propósito (libertad 0). – La libertad de estudiar cómo funciona la escuela, y tratar de adaptarla a tus necesidades (libertad 1).

El acceso a las diferentes concepciones de educación escolar es una condición previa para esto. – La libertad de redistribuir los conocimientos a sus colegas, con lo que puede ayudar a otros (libertad 2). – La libertad de buscar mejorar la educación escolar, y compartir sus ideas con sus colegas, de modo que toda la comunidad escolar se beneficie (libertad 3).

El acceso a las diferentes concepciones de la educación escolar es un requisito previo. [Después de escribir esto, pensé que tal vez lo que había en mi cabeza era la Escola da Ponte, Portugal: http://pt.

wikipedia. org/wiki/Escola_da_Ponte , http://www. escoladaponte. com. pt , http://moodle. escoladaponte. com. pt , http://sites. google. com/site/escolaponte , http://jornal-dia-a-dia. blogspot. com. Y por cierto, pensé en las ideas de Paulo Freire y en las de Jean Piaget.

Por favor, ¿crees que sería posible establecer pautas mínimas para desarrollar una educación libre? Escriba su comentario abajo. Abrazos. ] Lista de correo original en portugués: http://listas. sleducacional.

org/pipermail/geral-sleducacional. org/2012-April/008634. html. Blog en portugués: https://www. ufrgs. br/soft-livre-edu/quatro-liberdades. English version: https://www. ufrgs. br/soft-livre-edu/four-kinds-of-freedom. ——– ¿Qué es el software libre? Fuente: http://www.

gnu. org/home. es. html El «Software Libre» es un asunto de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe pensarse en «libre» como en «libertad de expresión», no como en «cerveza gratis». El software libre es una cuestión de libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y modificar el software.

Más concretamente se refiere a los cuatro tipos de libertades para los usuarios de software: – La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). – La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades (libertad 1).

El acceso al código fuente es una condición previa para esto. – La libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros (libertad 2). – La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3).

De igual forma que la libertad 1 el acceso al código fuente es un requisito previo. . – La libertad de experienciar los conocimientos adquiridos para cualquier propósito (libertad 0). – La libertad de estudiar cómo el conocimiento del mundo funciona, y tratar de adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso a las diferentes concepciones de conocimiento es una condición previa para esto.

  1. – La libertad de redistribuir los conocimientos a sus colegas, con lo que puede ayudar a otros (libertad 2);
  2. – La libertad de buscar mejorar el conocimiento, y compartir sus ideas con sus colegas, de modo que toda la comunidad escolar se beneficie (libertad 3);

El acceso a las diferentes concepciones de conocimiento es un requisito previo. ———– Versión original de Viviane Ferreira en portugués: http://listas. sleducacional. org/pipermail/geral-sleducacional. org/2012-April/008636. html. English version: https://www. ufrgs.

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¿Cómo se ejerce la libertad en la escuela ejemplos?

¿Cuáles son las restricciones de mi libertad ejemplos?

Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental.

¿Cuáles son los limites de la libertad de una persona?

Las cinco libertades – Sen sugiere cinco libertades, aunque argumenta que cada sociedad debe debatir su propia lista:

  • Las políticas o participativas: elecciones libres, libertad de expresión…
  • La seguridad y la protección: leyes, orden, no crimen…
  • Las facilidades económicas: empleo, competitividad, libre mercado…
  • Las oportunidades sociales: acceso a educación y a salud adecuadas…
  • Las garantías de transparencia: confianza en gobiernos, no corrupción…

Lo importante debería ser poder desarrollarlas todas, y no seleccionar unas u otras según nuestra ideología o nuestras posibilidades. Para algunos la libertad depende principalmente de la seguridad y de la protección de su propiedad privada, mientras que el resto de libertades solo dependerán de propio esfuerzo. Para otros, las oportunidades sociales son las primordiales.

¿Cómo defender la libertad en la escuela?

  • El sistema educativo debe promover la libertad educativa estableciendo un contexto educativo adecuado y con recursos suficientes para todo el alumnado, eliminando las barreras económicas y sociales en el acceso a los centros, y garantizando la libertad de pensamiento.

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Nosotros no pondremos muros de pago, pero necesitamos ser 1000 suscriptores para seguir creciendo. Pulsa aquí y ayúdanos En las últimas semanas, determinados sectores de la sociedad española han redoblado sus esfuerzos para reivindicar lo que denominan “libertad educativa”.

Para ellos, la libertad educativa equivale a que los padres puedan elegir (o ser elegidos por) colegios e institutos de titularidad privada sufragados con dinero público (centros concertados), proceso al que llaman “libertad de elección de centro”. Aseguran que así se garantiza el derecho a que los padres elijan la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones (Constitución Española, 27.

  1. 3), a pesar de que la evidencia jurídica contradice su argumento (Tribunal Constitucional, sentencia 86/1985);
  2. Sostienen que la educación pública adoctrina a sus hijos en valores contrarios a los suyos;
  3. Su propuesta para evitarlo es ceder directamente la gestión de los centros a quienes defienden, en la mayoría de los casos y con escaso disimulo, intereses particulares (económicos, políticos y/o religiosos);

Dicho de otro modo, quieren tener las manos libres para adoctrinar a sus hijos en valores que no respetan la diversidad ideológica, religiosa o sexual, y en un contexto que excluye a parte del alumnado. Y lo grave es que lo hacen y quieren seguir haciéndolo con dinero público.

  1. En su férrea defensa, los supuestos adalides de la libertad educativa omiten, en primer lugar, que los titulares del derecho fundamental a la educación -que incluye la libertad educativa- son los niños y las niñas, y no sus padres;

En segundo lugar, no mencionan que hay enormes obstáculos para que la libertad educativa se desarrolle de forma efectiva: no dicen que lo que realmente compromete esa libertad es que un niño asista a un centro con más del 80% de población vulnerable, porque ese contexto impide un aprendizaje adecuado para todos; que una niña de 3 años esté en una clase con otros 24 alumnos sin más apoyos que la tutora, porque esa situación limitará su aprendizaje en un momento clave de su desarrollo; que un niño sea invitado a marcharse de su colegio bilingüe por no seguir el ritmo, porque un centro debe atender a toda la diversidad y no lo hace; que una niña, por tener síndrome de Down, se vea obligada a irse a un centro de educación especial por carecer de los apoyos necesarios, porque se conculca su derecho a la inclusión; que un niño se eduque solo con varones, porque se le priva de entender y relacionarse de forma adecuada con otros géneros, o que a una niña se le obligue a realizar actividades religiosas en horario escolar, porque se compromete su libertad de conciencia.

En estos y otros muchos casos se restringe gravemente la libertad educativa de la persona para acceder a una vida plena, respetuosa y con igualdad de derechos y oportunidades. De esta forma, las propuestas de quienes hoy se proclaman sus defensores nada tienen que ver con la libertad educativa en términos sustantivos.

La verdadera libertad educativa reside en que el origen y el contexto social de la niña y el niño no restrinjan sus opciones vitales. En un Estado democrático, el encargado de poner las bases materiales y sociales para garantizar ese principio es el sistema educativo, cuya finalidad es que todas las personas puedan elegir qué quieren ser en todos los ámbitos de su vida: en su trabajo remunerado, sus relaciones sentimentales, su identidad religiosa o sus ideas políticas.

Para garantizar la libertad educativa, el sistema educativo debe asegurarse de que en su seno se respete la libertad de conciencia del alumnado, siempre bajo los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales (CE, 27).

Esta idea es incompatible con la imposición de formas de ser y de pensar por parte de grupos con intereses particulares de carácter económico, político o religioso. En definitiva, el sistema educativo no puede soslayar su obligación y debe promover la libertad educativa estableciendo un contexto educativo adecuado y con recursos suficientes para todo el alumnado, eliminando las barreras económicas y sociales en el acceso a los centros, y garantizando la libertad de pensamiento.

Ello solo es posible desde la ampliación y mejora de la escuela de titularidad pública, y a la ciudadanía corresponde defender y perfeccionar ambas, la libertad y la escuela pública, porque son lo mismo.

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¿Por qué es importante la libertad en la escuela?

Libertad académica – “El derecho a la educación sólo se pueden gozar si va acompañado de la libertad académica de los estudiantes y el personal”, afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N o 13. La libertad académica es la libertad de los miembros de la comunidad académica, en forma individual o colectiva, para buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas, a través de la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación y/o la escritura.

¿Qué puede limitar la libertad de expresión de un niño?

¿Qué es la libertad de expresión y qué características tiene? – La libertad de expresión supone que todas las personas tenemos derecho a expresar lo que opinamos sin ser perseguidos y hostigados por ello. De esta libertad se deriva la posibilidad de investigar libremente, de tener acceso a la información y de transmitirla sin obstáculos. Las características que definen a la libertad de expresión son las siguientes:

  • Es un derecho humano que se regula en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por lo tanto, no solo se protege la libertad de expresión de periodistas, redactores o políticos, sino la de todas las personas.
  • Tal y como hemos visto, tiene algunos límites como la prohibición de la incitación a la violencia, la confidencialidad, los secretos comerciales o el derecho a la intimidad.
  • Supone la existencia de la libertad de pensamiento y de la necesidad de escuchar opiniones que son diferentes.
  • La libertad de expresión se debe enmarcar en la transparencia y la autenticidad de la información.
  • En el caso en que alguien, amparado en la libertad de expresión , divulgue una información falsa, podrá ser procesado por la justicia.
  • En España se reconoce en el artículo 20 de la Constitución Española que establece que se reconocen y protegen los derechos:
    • A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
    • A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
  • La libertad de expresión no solo debe existir en la política o en la prensa, también en las artes, en la música o en las redes sociales.

¿Cómo se limita la libertad de expresión y de participación?

Antecedentes e Interpretacin de la Declaracin de Principios – Antecedentes e Interpretacin de la Declaracin de Principios de la Relatora Especial para la Libtertad de Expresin de la CIDH de la OEA –> A. Antecedentes 1. En respuesta al mandato encomendado con la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, durante el año 2000 la Relatoría trabajó en la elaboración de un proyecto de Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

  1. La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació en reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos internacionales;

Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil y en respaldo a la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000.

Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.

La CIDH adoptó este documento con plena conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

A fines de julio, el Relator Especial fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a participar de una conferencia titulada Declaración Interamericana de Libertad de Expresión que se realizó en Miami.

Durante la misma, el Relator Especial participó en un panel sobre la Declaración de Chapultepec y presentó el proyecto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión para consulta ante las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Carter Center, Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Americas Watch, Asociación Periodistas, World Press Freedom Committee y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)  y juristas especialistas en libertad de expresión.

La Declaración tuvo una importante repercusión internacional en los medios de comunicación y una muy buena acogida en organizaciones internacionales, muchas de las cuales manifestaron su apoyo al documento elaborado por la Relatoría.

Debido a la trascendencia de estos principios en el desarrollo del respeto a la libertad de expresión, se presenta a continuación una interpretación sobre los principios enunciados en la Declaración. Interpretación Principio 1 La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.

  1. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática;
  2. El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos;

El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez que da otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación.

Asimismo, a través de los comunicadores sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: [L]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.

Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.

  1. [15] 8;
  2. Asimismo, es importante destacar que la declaración hace referencia a la libertad de expresión “en todas sus formas y manifestaciones;
  3. ”  La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación;

El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole. Principio 2 Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a la no-discriminación como pilares básicos en el fortalecimiento y funcionamiento de los sistemas democráticos del hemisferio.

[16] La Carta de la OEA en sus artículos 33 y  44 establece: La igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral[…y fomenta] la incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del sistema democrático.

10. La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones.

  1. En este sentido, la Corte Interamericana expresó que:  Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto […]Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información;
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[17] 11. El Relator Especial considera que es precisamente a través de una participación activa y pacífica de toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de sectores marginados.

  • Principio 3  Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla;

12. Este principio se refiere a la acción de habeas data. La acción de habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles [18] , falsos, tendenciosos o discriminatorios [19] y 3) el derecho de las personas a utilizar la acción de habeas data como mecanismo de fiscalización.

  1. [20] Este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos;

[21]   13. Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre las personas.

  • Por lo tanto, es necesario garantizar la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en las bases de datos electrónicas;

Asimismo la acción de habeas data impone ciertas obligaciones a las entidades que procesan información: el usar los datos para los objetivos específicos y explícitos establecidos; y  garantizar la seguridad de los datos contra el acceso accidental, no autorizado o la manipulación.

En los casos en que entes del Estado o del sector privado hubieran obtenido datos en forma irregular y/o ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a dicha información, inclusive cuando ésta sea de carácter clasificada.

14. En cuanto al carácter fiscalizador de la acción de habeas data, es importante destacar que en algunos países del hemisferio, dicha acción constituye un importante mecanismo de control de la actividad de las agencias de seguridad e inteligencia del Estado.

  • El acceso a los datos personales permite verificar la legalidad utilizada por parte de estas agencias del Estado en la recopilación de datos de las personas;
  • El acceso a dicha información, por  otra parte, habilita al peticionario a conocer la identidad de los involucrados en la recopilación ilegal de datos, habilitando la sanción legal para sus responsables;

[22] 15. Para que la acción de habeas data sea llevada a cabo con eficiencia, se deben eliminar las trabas administrativas que obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante.

De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información. 16. Asimismo, es necesario que para el ejercicio de dicha acción, no se requiera revelar las causas por las cuales se requiere la información.

La mera existencia de datos personales en registros públicos o privados es razón suficiente  para el ejercicio de este derecho. [23] Principio 4 El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.

Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

17. El acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares fundacionales de las democracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

  1. ” [24] Este principio establece que el acceso a la información en poder del Estado se constituye como un derecho fundamental de los individuos y que los mismos están obligados a garantizarlo;
  2. En relación con el objeto particular de este derecho, se entiende que las personas tienen derecho de requerir documentación e información registrada en archivos públicos o procesada por el Estado, es decir información considerada de una fuente pública o documentación oficial del Estado;

18. Este derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado, en este sentido, se constituye como un medio para alcanzar el bien común.

  1. Dentro de este contexto, el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos;
  2. El principio de transparencia lo que demanda es una posición servicial de la Administración, aportando aquella documentación que hubiera sido previa, correcta y claramente solicitada, en la medida en que no se encuentre temporalmente excluida del ejercicio del derecho;

[25] 19. Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental. Este control se hace aún más necesario por cuanto uno de los graves obstáculos para el fortalecimiento de las democracias son los hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

La ausencia de control efectivo “implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables”. [26] Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal.

20. Este principio a su vez establece el parámetro al que el Estado debe ajustarse para la negación de información en su poder. Debido a la necesidad de promover una mayor transparencia de los actos de gobierno como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países del hemisferio,  las limitaciones a los archivos en poder del Estado deben ser excepcionales.

Estas deben estar claramente establecidas en la ley y aplicable sólo en el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Se considera por lo tanto que cada acto restrictivo de acceso a la información debe ser resuelto sobre la base de cada caso peticionado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado  que las restricciones a la libertad de expresión e información deben “juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas” dado que la libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático.

[27]   Por lo tanto, dentro de este contexto, el Estado debe asegurar que cuando existe un caso de emergencia nacional, la negación a la información en poder del Estado será impuesta sólo por el período estrictamente necesario por las exigencias de las circunstancias y modificado una vez concluida la situación de emergencia.

[28] El Relator Especial recomienda que se asegure la revisión de la información considerada de carácter clasificada, a cargo de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional.

Principio 5 La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.

Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. 21. La censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información.

El artículo 13 de la Convención Americana explícitamente prohibe la censura previa. [29]    El deber de no interferir con el goce del derecho de acceso a información se extiende a la libre circulación de información e ideas y la exhibición de obras artísticas que puedan o no contar con la aprobación de las autoridades estatales.

[30] 22. La imposición de restricciones a la libertad de expresión sólo admite responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley donde los fines que se persiguen sean legítimos, y los fundamentos para establecer la responsabilidad sean  necesarios para asegurar el fin que se procura.

  1. [31]   23;
  2. Las responsabilidades ulteriores se encuentran reguladas por el artículo 13 de la Convención y solo proceden de manera restringida cuando fuere necesario para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otros;

“La restricción de la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores se dispone como garantía de la libertad de expresión evitando que ciertas personas, grupos, ideas o medios de expresión queden a priori excluidos del debate público. ” [32] La legitimidad no constituye un concepto vacío que los Estados pueden determinar libre o arbitrariamente, sino que configuran lo que la doctrina jurídica conoce como conceptos jurídicos indeterminados.

  • Estos consisten en conceptos cuyo contenido debe ser predecible, utilizando las reglas de la razonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación en definitiva sólo permite una solución justa;
  • [33] 24;
  • El derecho a la libertad de expresión y pensamiento está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática; la discusión plena y libre evita que se paralice la sociedad y la prepara para enfrentar las tensiones y fricciones dentro de la misma;

[34] Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma. [35] Dentro de este contexto, la Corte Interamericana ha manifestado que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de una responsabilidad posterior para quien lo haya cometido.

En este caso, la aplicación de responsabilidades ulteriores deben ser llevadas a cabo a través de  sanciones civiles posteriores y no a través de la censura previa a la expresión no publicada. [36] 25.

Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones.

[37] Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido:   La censura previa produce “una suspención radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias.

Esto constituye una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. [38]   26. Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea, la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que “ofenden, resultan chocantes o perturban”, porque “tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática.

  1. ” [39] 27;
  2. Asimismo, este principio establece que es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación;

La Comisión Interamericana ha expresado al respecto que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas.

  1. La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democrática de las sociedades actuales;

[40] Principio 6 Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión.

La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. 28. Este principio establece que toda persona tiene el derecho pleno de ejercer su libertad de expresión sin la exigencia de títulos o asociaciones que legitimen dicho derecho.

Como se ha expresado anteriormente, la Corte Interamericana ha manifestado que el ejercicio de la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, por lo que éste representa un derecho de cada individuo, pero también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Cuando la Convención Americana proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir información e ideas a través de cualquier medio está señalando que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

[41]   29. La Corte Interamericana consideró esta problemática en su opinión consultiva sobre colegiación de periodistas: El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento  y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano.

  • [42] 30;
  • Asimismo, la Corte identifica que el periodismo no podría existir sin la existencia de un pleno ejercicio de la libertad de expresión, creando así una relación simbiótica entre ambos;
  • El periodista profesional no es otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado;

Por tanto, la colegiación obligatoria conduce a limitar en forma permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención Americana y el principio aquí analizado, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que la misma se fundamenta.

  1. [43] Finalmente, la Corte Interamericana ha señalado: Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común;

Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto.

Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad.

[44]   Principio 7 Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales. 31. Una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos “errónea,” “no oportuna” o “incompleta”.

Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho   a la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la información veraz no protegería la información que, por oposición a veraz, denominaremos errónea.

Por lo tanto, toda aquella información que pueda ser considerada errónea, no oportuna o incompleta no estaría protegida por este derecho. 32. Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable.

  • En este aspecto, es importante hacer una distinción entre aquellos temas que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de los que corresponden a juicios de valor;
  • En este último caso, es imposible hablar sobre veracidad o no de la información;

La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo.

  • Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas;

33. Por otro lado, asumiendo inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e información.

Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones por informar sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas.

La doctrina de la información veraz representa un retroceso para la libertad de expresión e información en el hemisferio ya que el libre flujo de información se vería limitado a la calificación previa de la misma entre “veraz” o “errónea”, lo que va en contraposición con la concepción amplia otorgada a este derecho dentro del Sistema Interamericano.

  1. 34;
  2. La Corte Interamericana sostuvo al respecto que las dos dimensiones de la libertad de expresión -individual y colectiva- deben ser garantizadas simultáneamente;
  3. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada;

No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. [45] 35. Indudablemente, el derecho a la libertad de expresión protege también a aquella información que hemos denominado “errónea”.

  • En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente la información que demuestre ser producida con “real malicia” podría ser sancionada;
  • [46] Pero inclusive en este caso esa sanción debe ser producto de una actuación ulterior, y en ningún caso se puede buscar condicionarla con anterioridad;
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Principio 8 Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. 36. Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a  entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales.

  • Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación;
  • Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional;

[47] 37. Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse.

  1. Asimismo, el secreto profesional consiste en “guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información;

” [48]   “Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes. ” [49] Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.

[50] Principio 9 El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. 38. La Comisión ha sostenido que las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.

  • Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho;
  • [51]   En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad;

En dichos países, la prensa se ha transformado en el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado. En muchos casos la prensa ha expuesto ante la opinión pública actos ilegales, abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las denuncias, los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan siendo blanco de ataque y desprestigio.

  • 39;
  • El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación tienen dos objetivos concretos;
  • Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas;

Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales.

  • En última instancia, lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos;
  • 40;
  • Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores;

La Corte Interamericana ha sostenido que la investigación: Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad.

[52] 41. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad.

Este tipo de crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. El efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesinatos.

  1. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión;

[53] Principio 10 Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

42. Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de las personas (comúnmente conocidas como calumnias e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública.

Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública.

43. La Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático.

  1. “Es evidente que tales sanciones no pueden justificarse, sobre todo, considerando la capacidad de las sanciones no penales para reparar cualquier perjuicio ocasionado a la reputación de los individuos;

” [54]   La democracia representativa exige que los funcionarios públicos, o todas aquellas personas que están involucradas en asuntos de interés público, sean responsables frente a los hombres y mujeres que representan. Los individuos que conforman una sociedad democrática delegan en los representantes el manejo de los asuntos de interés para toda la sociedad.

Pero, la titularidad sobre los mismos se mantiene en la sociedad, la cual debe contar con un derecho amplio para monitorear con las mínimas restricciones posibles el manejo de los asuntos públicos por parte de los representantes.

[55] En este sentido la CIDH sostuvo: Una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión. [56] 44.

La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público.

Dentro de este contexto la Comisión Interamericana ha manifestado que la aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan con carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad.

Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo.

[57] Por otra parte, el hecho que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor.

[58] 45. La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta.

En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formar opinión y expresarla. [59] 46. Asimismo, este principio establece el estándar de la real malicia como ordenamiento legal a ser utilizado en la protección del honor de los funcionarios públicos o personas públicas.

En la práctica dicho estándar se traduce en la imposición de sólo sanciones civiles en aquellos casos en que exista información falsa y producida con “real malicia”, [60] es decir producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia. 47. Cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de responsabilidad.

Uno de los requisitos para que exista responsabilidad es que se demuestre la falsedad de la información o que se compruebe que el demandado publicó una declaración con conocimiento o alto grado de posibilidad sobre su falsedad en el momento de la publicación.

Si la información es un juicio de valor, es imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba. 48. La Comisión ha manifestado que este es especialmente el caso en la arena política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos.

  1. [61] Puede resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor no admiten prueba;
  2. De manera que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental;

Dichas normas plantean la posibilidad de que quien critica de buena fe al gobierno sea sancionado por su crítica. [62] 49. Asimismo, en base a la doctrina sobre reporte fiel, la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona.

  • Las bases de  esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática;
  • Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio;

La publicidad de la información proveída por terceros no debe verse restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Esto implica una restricción innecesaria que limita el derecho de las personas a estar informadas.

  1. Principio 11 Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad;
  2. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información;

50. Como ha sido señalado anteriormente, el pleno ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.

  • La CIDH se pronunció claramente la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana: La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad;

Esta distinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.

Además de las restricciones directas, las leyes de desacato restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público.

A este respecto, la Corte Europea afirmó que, si bien las penas posteriores de multa y revocación de un artículo publicado no impiden que el peticionante se exprese, “equivalen, no obstante, a una censura, que posiblemente lo disuada de formular críticas de ese tipo en el futuro”.

El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor.

La crítica política con frecuencia comporta juicios de valor. Las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática.

Es más, la Comisión observa que, contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato, en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas – y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público.

Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica. [63] 51. La Comisión ha establecido ” … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública…” Y  agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…” 52.

  • En este contexto, la distinción entre la persona privada y la pública se hace indispensable;
  • La protección que otorgan a los funcionarios públicos las denominadas leyes de desacato atentan abiertamente contra estos principios;

Estas leyes invierten directamente los parámetros de una sociedad democrática en que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. La protección de los principios democráticos exige la eliminación de estas leyes en los países en que aún subsisten.

Por su estructura y utilización, estas leyes representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es necesario desprenderse. Principio 12 Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

53. La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye en un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para la recepción de opiniones diferentes. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que estén excluidos del acceso a tales medios.

Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad.

[64] 54. Dentro de este contexto, se debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo.

Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación masiva representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder expresarse y a recibir información. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información.

  1. El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, afecta seriamente el requisito de pluralidad en la información;
  2. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información    que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad;

55. En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas.

  1. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia;
  2. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión;
  3. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático;

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación. No basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión publica, sino que es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio.

  1. [65] Principio 13 La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley;
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Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. 56. El Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

  1. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas;
  2. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley;

Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. 57. La utilización del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura a la información que se considere crítica a las autoridades.

Al analizar el alcance de la libertad de expresión dentro del contexto de los derechos protegidos bajo la Convención, la Corte Interamericana reconoció que la libertad de expresión es indivisible al derecho de difusión del pensamiento y de la información.

En este sentido, ésta tiene una dimensión individual y una dimensión social. La Corte expresó: la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor numero de destinatarios […] Asimismo, es fundamental que los periodistas […] gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad.

  1. [66] 58;
  2. El Relator Especial destaca, asimismo, que al imponer presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la democracia, puesto que la consolidación de la democracia en el hemisferio se encuentra íntimamente relacionada al intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas;

[15] Véase CIDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 70. [16] Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capítulo I,   Obligaciones Generales:  Artículo 1: Obligación de Respetar los Derechos y Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos, Artículo 13: Libertad de Expresión.

[17] CIDH, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 69 [18] Se entiende por “dato sensible” toda aquella información relacionada con la vida íntima de la persona. [19] Véase Alicia Pierini, Valentín Lorences y María Inés Tornabene.

Habeas Data:  Derecho a la Intimidad. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999 pág. 16. [20] Véase, El acceso a la información como derecho. Víctor Abramovich y Christian Courtis. CELS, 2000. Pág. [21] Veáse Secretaria de Investigación de Derecho Comparado, Tomo 1 (1998) pág.

  1. 121;
  2. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina;
  3. [22] Véase El acceso a la información como derecho;
  4. Víctor Abramovich y Christian Courtis;
  5. CELS, 2000;
  6. Abramovich y Courtis, pág;
  7. [23] Veáse Derecho a la Información:  Reforma Constitucional y Libertad de Expresión, Nuevos Aspectos;

Miguel Angel Ekmekdjian. Ediciones Depalma (1996) p. 115. [24] CIDH, OC 5/85, Serie A. No. 5, párr. 70. [25] Véase El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a los Archivos y Registros Administrativos. Pomed Sanchez, Luis Alberto. Editorial M. , Madrid, 1989, pág. 109. [26] Véase Pierini y Otros, Supra 6, pág.

31. [27] CIDH, OC-5/85 párr. 70. [28] Véase Capítulo IV, Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla las obligaciones de los Estados bajo situaciones de emergencia. [29] La única excepción a la prohibición de censura previa es para regular el acceso a los espectáculos públicos de los menores de edad para su protección moral.

Véase, Artículo 13, inciso 4. [30] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile)   Sentencia de 5 de Febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión, párr. 61c. [31] CIDH, OC-5/85,  párr.

59. [32] Véase Corte Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile)   Sentencia de 5 de Febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión, párr.

61e. [33] Véase Hacia una Nueva Justicia Administrativa,  Eduardo Garcia de Enterría. Madrid, 1996. [34] Véase Denis v. , 341 U. 494, 584 (1951). [35] Informe No. 11-96, Caso 11. 230, Chile, Francisco Martorell, 3 de mayo de 1996. [36] CIDH, OC-5/85,  párr. 39. [37] Ibidem, párr.

30-32. [38] Ibidem, párr. 54. [39]Castells v. España, sentencia del 23 de abril de 1992, Serie A, N1 236, párr. 20. [40] CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

OAS Doc. 9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995. [41] CIDH, OC-5-85, párr. 30-31. [42] Ibid, párr. 71. [43] Ibid. , párr. 74-76. [44] Ibid. , párr. 77. [45] CIDH, OC-5-85, párr. 33. [46] La doctrina de la real malicia se refiere a que “las garantías constitucionales requieren una norma federal que prohiba a un funcionario público a ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente en su conducta, como tal, a menos que pruebe que fue hecha con conocimiento de que eran falsas o con una gran despreocupación acerca de la verdad o falsedad.

” New York Times v. Sullivan, 376  U. , 255 (1961). [47] Véase El derecho y la libertad de expresión en México, debates y reflexiones. Felipe Fierro Alvídez. Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna. Dic.

2000 #36, pág. [48] Véase. La clausura de conciencia y el secreto profesional de los periodistas. Marc Carrillo. Civitas y Centre de Investigació. Barcelona 1993, pág. 170. [49] Article XIX. Definir la Difamación: Principios de Libertad de Expresión y Protección de la Reputación.

Principio 6:  Protección de las fuentes. [50] Fierro Alvídez, supra nota 42, pág. [51] Véase CIDH, Informe de la situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser. L/V/II. 100, Doc 7 rev. 1, Septiembre 24, 1998, párr.

649, pág. 142. y Caso #11,739 Reporte No. 5/99 Héctor Felix Miranda. [52] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 177. [53] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No 50/90 caso No 11.

739 (México) OAS/Ser/L/V/II. Doc. 57 13 de abril de 1999. [54] Article XIX. Definir la Difamación: Principios de Libertad de Expresión y Protección de la Reputación. Principio 4 Comentario. [55] Véase CIDH, Informe Sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

OAS Doc. 9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995. [56] CIDH, Informe Anual, OEA/Ser. L/V/II. 88. Doc. rev. 17 de febrero de 1995, p. 218. Véase, ECHR, “Linger v. Austria, Series A, No. 103,  1986;  ECHR, “Castells v. España”, Serie A, No. 236, 1992). [57] Ibid. [58] Véase, Proyecto de ley sobre despenalización a los delitos de injuria y calumnia contenidas en los Códigos Civil y Penal de la Nación Argentina, actualmente sujeto de aprobación en el Senado de la Nación Argentina.

  1. Se debe destacar que dicho proyecto de ley surgió dentro del marco de la solución amistosa a la que se ha comprometido a arribar el Estado Argentino con la Asociación Periodistas en la audiencia realizada el 1 de octubre de 1999;

Caso 12. 128,  CIDH. [59]Véase Supra nota 49, Principio 2 Comentario. [60] Véase Supra nota 43. [61] El concepto juicio de valor también incluye la expresión humorística o satírica. Véase, Proyecto de ley sobre despenalización a los delitos de injuria y calumnia contenidas en los Códigos Civil y Penal de la Nación Argentina en Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 1999, anexos, página 84.

  • [62]  CIDH, OAS Doc;
  • 9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995, Supra 36;
  • [63] CIDH,  OEA/ser L/V/II;
  • 88, Doc;
  • 9 rev (1995);
  • [64] Ibidem;
  • [65] OEA, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
  • Baruch Ivcher Bronstein contra la República del Perú, Caso 11;

762, pág. 27. [66] Corte  Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 147-150. En el caso particular Ivcher Bronstein, la Corte señaló que “la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboran e investigan para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana.

  • ” Véase párr;
  • 162;
  • Asimismo, la Corte interpretó que “Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opiniones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”;

Véase párr. 163..

¿Qué es la restricción a la libertad?

Los límites y las restricciones, son las fronteras del ejercicio de los derechos a la manifestación pacífica, reunión y libertad de expresión. El respeto de los estándares de protección de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, deben estar expresamente fijados por la ley y ser necesarios en una sociedad democrática, para: Restricciones:

  • Asegurar el respeto a los derechos y libertades de los demás. Se trata de que el ejercicio de otros derechos protegidos por la ley, no choque con el ejercicio del derecho a la libertad de manifestación pública. Por ejemplo, puede ocurrir que una manifestación pública pueda estar en conflicto con algún otro derecho, como por ejemplo, el derecho a la privacidad o intimidad, el derecho a la libertad de conciencia y religión, o incluso con el mismo derecho a manifestar públicamente de otro grupo de la sociedad.
  • Asegurar la reputación de los demás.

La reputación es la percepción, la opinión o estima que se tiene de una persona. En este caso, es la valoración que tiene la sociedad respecto de una persona. Para que sea procedente una restricción legítima basada en este derecho, es necesario analizar con especial esmero la importancia pública del caso. Los órganos del Estado deben examinar detenidamente si la manifestación o protesta constituye una amenaza directa, de notorio impacto social.

Sobre este particular, se sugiere la lectura de los números 65 y siguientes del Informe del Relator Especial sobre los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación,  Maina Kiai. En el ámbito de la política, los márgenes de tolerancia serán siempre más amplio, precisamente por la implicación que las actuaciones de los representantes del Estado tienen sobre la vida del país y su sociedad.

La protesta pública forma parte de la crítica política que deben tolerar los servidores públicos y su penalización tiene efectos inhibidores sobre el resto de la sociedad.

  • La protección de la seguridad pública o nacional.

El concepto de seguridad pública o nacional obedece a la necesidad de preservar la existencia del estado y de las instituciones que lo representan. Las restricciones serán legítimas cuando respondan a la protección de la vida de la nación, su integridad territorial o su independencia política de la amenaza de la fuerza. Existen las llamadas “zonas de seguridad” establecidas para limitar geográficamente espacios determinados que pueden comprometer la integridad de territorial de la nación, y es legítimo su establecimiento.

  • El orden público. Para que las autoridades puedan tomar las previsiones necesarias y garantizar el ejercicio del derecho de reunión a través de la manifestación pública, es importante por ejemplo, la notificación previa por escrito. Las instituciones del Estado, están obligadas a mantener el orden público durante las manifestaciones pacíficas; incluso si la protesta se torna violenta, el orden público prevalecerá sobre el derecho a la manifestación pública.
  • La salud pública. La protección de la salud pública, entendida como la condición favorable o sanitaria de una comunidad o causa de mortalidad ampliamente diseminada entre la población, hace posible la adopción de acciones necesarias para prevenir y atender riesgos a la salud de la sociedad.

    No ocurre igual con ciertas medidas que ocultan detrás del propósito explícito de proteger la seguridad nacional, una persecución por motivos ideológicos. Las acciones deben estar orientadas a impedir enfermedades o patologías amenazadoras, o a poner a disposición de los enfermos y lesionados, los cuidados necesarios.

    Como ejemplo de estas restricciones se pueden señalar normas que prohíban o limiten en alguna medida la realización de manifestaciones en lugares y modos determinados, asociados a la protección de la salud pública. Ocurre con las restricciones de lugar, aplicadas a las entradas de hospitales y de los órganos de policía y de bomberos, que por la naturaleza de sus funciones, deben garantizar la atención necesaria.

  • La moral pública. La moral pública responde a los modelos de comportamiento que asume una sociedad y está asociada a la conciencia colectiva que es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Se trata de los valores ampliamente compartidos y aceptados por la sociedad. Las restricciones en base a la moral pública, deben evitar la promoción del prejuicio y la intolerancia, y deben descansar sobre la regulación de la forma y el lugar de la manifestación y no sobre su contenido.
    1. El ejercicio de las manifestaciones públicas, responden también al reconocimiento y protección de las opiniones minoritarias, incluidas las opiniones que podrían ser ofensivas o molestas para la mayoría;

    Históricamente, el concepto de moral pública ha servido de excusa y de abanico de opciones, por la amplitud de su ambigüedad, para coartar el ejercicio de las libertades públicas.

Estará prohibido por la ley: Límites:

  • Toda propaganda a favor de la guerra. Desde 1947, a través de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se condena toda propaganda,  en cualquier país que se ejerza, destinada a provocar o alentar, o susceptible de provocar o alentar cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión.
  • Toda apología  del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Se trata de una limitación que está condicionada a que la apología constituya una incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, caso contrario la limitación sería incompatible con la garantía de la libertad de expresión.

¿Qué es el límite y ejemplos?

Qué es Límite: – Se entiende por límite la línea divisoria entre dos entidades o territorios, sea esta línea real o imaginaria. El término proviene del latín limis , que quiere decir ‘frontera’ o ‘borde’. Por ejemplo: “Los Pirineos señalan el límite entre España y Francia”.

En una segunda acepción, límite se refiere también al punto en el cual algo debe llegar a término o ha alcanzado su punto de desarrollo máximo. Por ejemplo: “El atleta ha llegado al límite de su velocidad”; “Este martes es la fecha límite de entrega”.

También se usa figurativamente para indicar que algo ha ido más allá de lo necesario o de lo concebible, o para calificar una situación extrema que requiere atención urgente: “La realidad del país ha superado el límite de nuestra imaginación”. “Es hora de que alguien le ponga límites a su conducta”.

¿Cuáles son las limitaciones?

Limitación como restricción – Una limitación puede ser cualquier tipo de restricción. La limitación de velocidad indica la velocidad máxima permitida en ciertos caminos. Si la limitación de velocidad en una carretera provincial es de 90 kilómetros por hora, los conductores no están habilitados para exceder dicha velocidad.

Por lo tanto, si lo hacen, pueden ser multados o sancionados. La limitación de tráfico , por otra parte, está vinculada a la prohibición de circulación de vehículos en determinados horarios o lugares. Estas limitaciones son habituales para la protección de ciertos entornos naturales, de manera tal de reducir los niveles de contaminación.

Un ejemplo de limitación de tráfico tiene lugar en los parques nacionales en los que se permite el ingreso de sólo cien automóviles por día. Libertad Que Se Limitan En La Escuela Todas las personas tienen limitaciones, aunque algunas pueden superarse gracias a la introspección.

¿Qué es la libertad 10 ejemplos?

| Escuela primaria | hace un año

  • La libertad es la posibilidad que tenemos las personas para tomar nuestras propias decisiones y expresar nuestras ideas y sentimientos. En la vida cotidiana se manifiesta de distintas maneras, por ejemplo:
    1. Elegir la vestimenta que nos pondremos.
    2. Andar por los lugares públicos y realizar distintos recorridos.
    3. Formar una familia.
    4. Seleccionar la escuela donde estudiarán nuestros hijos.
    5. Comunicarnos con las personas con quienes queramos hacerlo.
    6. Elegir la comida que prepararemos.
    7. Elegir los libros que vamos a leer, la música que vamos a escuchar y las películas que vamos a ver.
    8. Expresar nuestra opinión, nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos con los demás de manera respetuosa.
    9. Acceder a la información a través de los medios que elijamos (diarios, televisión, radio, internet).
    10. Elegir el trabajo que mejor satisfaga nuestras expectativas.

¿Cómo se debe ejercer la libertad ejemplos?

¿Qué es la libertad para niños ejemplos?

La libertad se define como la capacidad que poseen las personas de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Por tanto, la persona será responsable de sus propios actos. Los niños cuando son pequeños dependen de los adultos. Estos últimos serán los responsables de proteger, alimentar y educar a los pequeños.

Sin embargo, a medida que los niños crecen esta dependencia hacia los adultos se va reduciendo gradualmente. Los padres deben educar a sus hijos para que sepan resolver sus problemas y sean autónomos , es decir, para que sean libres.

Sin embargo, enseñar libertad a los niños, no es lo mismo que dejar hacer. Libertad Que Se Limitan En La Escuela En la sociedad actual existe confusión entre el concepto de libertad y dejar hacer. Se confunde el verdadero significado de ser libre. Hoy en día existe la falsa creencia generalizada de que libertad es hacer lo que queramos y cuando queramos porque tenemos derecho a hacerlo. En realidad, ser libre implica compromiso y reflexión. El niño irá aprendiendo día a día lo que significa realmente ser libre en la manera que aprenda a tomar decisiones y haga buen o mal uso de su libertad.

  • Para ello, debe reflexionar, utilizar su entendimiento para tomar decisiones responsables en el uso de las libertades de las que goza;
  • Por tanto, educar en libertad a los niños significa que los adultos enseñen a los pequeños a desarrollarse para que sean capaces de dar razones inteligentes para explicar el por qué, cómo y dónde eligen lo que quieren y asumir sus consecuencias de sus decisiones;

El ambiente idóneo para educar en libertad será la familia. Es en ese espacio donde los niños aprenderán mejor y obtendrán las herramientas necesarias para invitarles a pensar, usar su inteligencia, ser responsables y autónomos para, así, asumir su propia libertad. Así:

  • De los 0 a los 6 años. Los niños apenas tiene uso de razón, es decir, no distinguen entre lo que está bien o lo que está mal. Por eso, los padres deben ser guías. Para educar en la libertad en esta etapa se debe utilizar el juego como herramienta. Los adultos deben explicar qué es la libertad a los niños de una manera en la que puedan atraer su atención y es esa.
  • De los 6 a los 12 años. Los adultos siguen siendo los guías de los pequeños. Es ahora cuando hay que ser persistentes e invitar a los niños a ser reflexivos. Es en esta etapa donde los padres deben motivar a los hijos a que sean ellos los que elijan y asuman las consecuencias. Así aprenderán de primera mano el uso de la libertad.
  • De los 12 a los 18 años. En esta etapa es importante explicar lo que es justo y no excederse en sus libertades. Los elementos principales de la libertad serán la inteligencia, la voluntad y la prudencia.

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