Medidas derecho familia crisis coronavirus covid 19

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Apoyar a las familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación económica; garantizar a las familias con un solo progenitor y familias numerosas las condiciones para conciliar tras el cierre de los colegios; garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas asegurando su acceso a internet; y buscar alternativas para los niños confinados en viviendas que no reúnen unas condiciones mínimas de salubridad son algunas de las 100 medidas que piden las organizaciones de infancia para proteger a los niños, niñas y adolescentes en esta crisis sanitaria y que han hecho llegar al Gobierno. Estas medidas, hechas públicas hoy, son fruto del análisis que la Plataforma de Infancia ha realizado junto con sus 67 entidades sobre el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la infancia en España.

“Las organizaciones de infancia somos conscientes de la necesidad de proteger a los grupos de población más afectados por el COVID-19 pero consideramos necesario también que Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos pongan en marcha políticas específicas a corto, medio y largo plazo,  para proteger a los niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, en esta crisis sanitaria” explica Ricardo Ibarra, Director de la Plataforma de Infancia “En momentos de crisis no basta con medidas generales, esperando que los niños y niñas se beneficien de ellas; como comprobamos en la última crisis económica, cuando la infancia llegó a ser el grupo más pobre de España ante la falta de una respuesta específica”.

Las medidas de confinamiento han tenido un gran impacto en toda la sociedad, pero especialmente en aquellas familias con hijos que ya se encontraban en una situación vulnerable.

2,46 millones de niños y niñas vivían en situación de pobreza y exclusión social antes de la crisis sanitaria.

Por ello, las organizaciones de infancia proponen fortalecer la prestación por hijo a cargo a los perceptores, valorando incrementar la cobertura a medio plazo y asignar una bonificación a las familias que perciben la Renta Mínima de Inserción pero no esta prestación. 

Por otra parte, las organizaciones señalan que la principal medida diseñada por el Gobierno para apoyar a estas familias, las ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, son insuficientes, y proponen reformar el Real Decreto-Ley, para garantizar que las ayudas excepcionales de alimentación llegan a todos los niños que las necesiten en todas las Comunidades Autónomas, otorgándolas por renta familiar y no solo por ser beneficiario de beca.

El cierre de los colegios ha supuesto una gran dificultad para las familias que tienen que compatibilizar el cuidado de los hijos e hijas con el trabajo.

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales hasta el 9 de abril, ha supuesto un apoyo para muchas familias vulnerables.

Sin embargo, las organizaciones de infancia consideran que es insuficiente y proponen extender este permiso a hogares con único referente adulto o familias numerosas hasta que cese el confinamiento y los niños y niñas puedan volver a los colegios; permitiendo que las familias con un único referente adulto puedan acogerse a él incluso en el caso de que trabajen en servicios esenciales o sea posible el teletrabajo. 

Los hogares con ingresos inferiores a 900 euros tienen más dificultades para disponer de ordenador o conexión a internet, 500.000 niños viven en casas sin ordenador en este umbral y cerca de 100.

000 hogares con niños no disponen de internet, dificultando a los niños más vulnerables continuar con la actividad educativa o disfrutar de opciones de ocio desde casa.

Otro problema es el aumento de la desigualdad educativa y del estrés de los niños y niñas (y de sus familias) agravado por la excesiva carga de tareas enviadas desde los colegios y de la gran cantidad de tiempo que pasan delante de los ordenadores. 

“Garantizar el acceso a internet a todos los alumnos así como abaratar los costes que esto genera para las familias vulnerables es la única manera de garantizar el derecho a la educación en estos momentos” señala Ibarra.

“Además, es necesario flexibilizar los parámetros de superación de curso, reduciendo el currículo y dando autonomía a los centros para flexibilizar la evaluación, y tener en cuenta las necesidades específicas de los niños y niñas de familias vulnerables, de los niños y niñas con discapacidad, con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, así como la franja de edad de 0-3 años”.

Es indudable que la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento pueden producir en los niños y niñas problemas de salud, tanto mental como física.

Por ello las organizaciones de infancia piden buscar alternativas habitacionales temporales para aquellas familias en condiciones de hacinamiento y/o infravivienda así como estudiar la posibilidad de habilitar espacios exteriores por turnos y supervisados para que, en cuanto sea posible relajar las medidas de confinamiento y sin poner en riesgo a nadie, se permita a los niños y niñas salir a la calle, jugar y realizar una mínima actividad física, sobre a niños y niñas que viven en condiciones poco adecuadas. 

Las 100 propuestas de la Plataforma de Infancia y sus 67 organizaciones miembro incluyen también medidas para luchar contra el riesgo de un aumento de la violencia hacia los niños y niñas en los hogares, medidas específicas para los niños y niñas dentro del sistema de protección, medidas para dar respuesta a la situación especialmente vulnerable de los niños y niñas migrantes no acompañados y medidas para informar a los niños y niñas a través de acciones comunicativas específicas, en formatos accesibles y lenguaje adaptado.

Ante el escenario actual, derivado de la declaración del estado de alarma por el COVID19 y el impacto que las medidas de contención pueden tener en la vida de los niños y niñas, solicitamos al Gobierno de España que incluya entre sus medidas una adecuada perspectiva de infancia, con especial atención de la más vulnerable, en línea con las siguientes recomendaciones:

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Centro UC de la Familia evalúa medidas adoptadas en materia de protección social en pandemia – Pontificia Universidad Católica de Chile

“Se advierten luces y sombras en la experiencia de las familias”.

Así analiza la situación de las familias en Chile la directora del Centro UC de la Familia y profesora de la Facultad de Derecho, Carmen Domínguez.

 Su comentario es realizado a raíz de la reciente publicación de la edición número 9 del Observatorio de Políticas Públicas, titulado “Covid-19 en Chile: Familia y sociedad”.

Según las palabras de la directora, “por una parte, las sombras tienen que ver con que la pandemia ha demostrado la fragilidad de las condiciones de desarrollo de la vida familiar de muchos.

Se han visibilizado sus condiciones precarias y también se ha visto el dolor del impacto del duelo sin despedirse de sus seres queridos.

Otras sombras son la violencia intrafamiliar, los problemas en la calidad de los vínculos”.

Pero también existen algunas luces. Por ejemplo, “hemos advertido la importancia que tiene para nosotros la familia en su noción extensa, incluyendo abuelos, tíos y primos.

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La pandemia nos ha permitido advertir la importancia de ella, porque la manera de sobrevivir para muchos ha sido aislar a los adultos mayores y, en esos casos, los otros integrantes de la familia ayudan a proveerles lo que necesitan en ese aislamiento.

Otra luz, es que los que hemos permanecido al interior de nuestros hogares, hemos podido compartir largos momentos con la familia y compartir de una manera nueva y diferente”, indica la profesora Domínguez.

“Se han visibilizado sus condiciones precarias y también se ha visto el dolor del impacto del duelo  sin despedirse de sus seres queridos. Otras sombras son la violencia intrafamiliar, los problemas en la calidad de los vínculos” – Carmen Domínguez, directora Centro UC de la Familia

El documento realiza un balance con todas las medidas sociales implementadas por el Estado, además del gasto público y la legislación en el contexto del coronavirus, y su objetivo principal fue indagar en la respuesta institucional a esta crisis sanitaria desde la perspectiva de la protección social.

Asimismo, “se presentan infografías con los principales impactos sociales, además de destacar las experiencias locales innovadoras y la agenda noticiosa a nivel global. Finalmente, en los anexos se ha dispuesto el seguimiento de los principales anuncios gubernamentales desde marzo a la fecha”, afirma la investigadora del Centro UC de la Familia, Nicole Elizondo.

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El rol de los municipios

En el capítulo “Experiencias Locales” se incluyen numerosas iniciativas para la protección de la familia que se generaron espontáneamente en diferentes lugares.

“Se destacan las iniciativas de aquellos municipios que han realizado esfuerzos por la continuidad de los procesos educativos como la municipalidad de Mulchén y Vicuña, las cuales permiten abrir un espacio de socialización con sus pares por medio del uso de redes sociales o espacios de comunicación a la comunidad (televisión, radio). Ello resulta relevante, pues, permite el acceso a la tecnología y materiales educativos en el hogar en el contexto de la pandemia”, explica Nicole.
 

Sobre las principales conclusiones de la investigación, Elizondo sostuvo que las instituciones han desarrollado una serie de programas que van en ayuda directa de quienes han padecido algún tipo de perjuicio provocado por el covid-19, y que buscan compensar desde lo económico hasta brindar apoyo en servicios básicos y ayuda psicosocial.

“En el análisis final se advierte que en materia de protección social se han desplegado nuevos programas de transferencias directas, programas alimentarios, asistencia de apoyo psicosocial para las familias, contra la violencia doméstica y la asistencia a servicios básicos. Las medidas de protección social, la legislación y el estímulo fiscal dirigidos a las familias más vulnerables han resultado esenciales para aliviar las graves consecuencias de la crisis del coronavirus”, afirmó.

“Las medidas de protección social, la legislación y el estímulo fiscal dirigidos a las familias más vulnerables han resultado esenciales para aliviar las graves consecuencias de la crisis del coronavirus” – Nicole Elizondo, investigadora Centro UC de la Familia

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Por su parte, la investigadora Nicole Elizondo sostuvo que al término del estudio se evidenció que “el Observatorio da cuenta de los ajustes y adaptaciones de políticas públicas para la familia, las cuales se han centrado principalmente en garantizar el acceso a beneficios y asistencia social. Un aspecto importante para recalcar es la rápida adecuación de la institucionalidad en torno a robustecer el sistema de protección social, sin embargo, también se evidencian importantes desafíos en cuanto a las consecuencias psicosociales y económicas en la sociedad”.

Para leer la nueva edición del Observatorio de Políticas Públicas “Covid-19 en Chile: Familia y sociedad”, pinche aquí.

La educación en familia en tiempos del COVID-19

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Esta guía ofrece a familias y cuidadores un conjunto de consejos útiles para ayudar a manejar esta situación en las que las familias pueden verse sobrepasadas por distintos factores relacionados con la educación de sus hijos. 

UNICEF se ha unido a la iniciativa Parenting for Lifelong Health, formada por varias organizaciones especializadas en le cuidado de la infancia, para poder ofrecer esta guía.

Cada situación aparece reflejada en una ficha PDF independiente. Cada ficha trata temas de parentalidad positiva y consejos para frentar situaciones difíciles: enfados, seguridad on-line, control del estrés, problemas de comportamiento,  convivencia en casas pequeñas llenas de gente…

Las fichas incluyen los siguientes temas: 

1. Hablando sobre la pandemia de COVID-19

Es necesario que hablemos con los niños y niñas, tengan la edad que tengan. Ya habrán escuchado muchas cosas y el silencio y los secretos no protegen a nuestros hijos: la honestidad y la disponibilidad a hablar sí. Adapta el mensaje a su capacidad de comprensión.

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2. Tiempo personal

El cierre de las escuelas nos ha dado una oportunidad insospechada de fortalecer las relaciones con nuestros niños y adolescentes. El tiempo personal que dedicamos a cada uno de ellos, el tiempo “uno a uno” es gratis y divertido. Hace que los niños se sientan amados y seguros, y les muestra que son importantes.

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3. Mantener un ánimo positivo

Es difícil sentirse positivo cuando nuestros hijos nos están volviendo locos. A menudo terminamos diciendo “¡Deja de hacer eso!”. Pero es mucho más probable que hagan lo que les pedimos si les damos instrucciones positivas y felicitaciones por lo que hacen bien.

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4. La importancia de estructurar

La COVID-19 nos ha quitado nuestras rutinas diarias de trabajo, hogar y escuela. Esto es difícil para todos y elaborar nuevas rutinas puede ayudar.

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5. Aprendiendo a través del juego

Aprender a través del juego puede ser divertido para todas las edades.

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6. Seguridad en línea

Los estudiantes ahora pasan mucho más tiempo en línea. Estar conectados les ayuda a reducir el impacto de la COVID-19, les permite seguir la rutina de clases y los alienta a continuar con sus vidas … pero también presenta riesgos y peligros.

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7. Armonía familiar en casa

Cuando construimos relaciones pacíficas y respetuosas, nuestros hijos se sienten más seguros y amados. El lenguaje positivo, la escucha activa y la empatía ayudan a mantener un ambiente familiar tranquilo y feliz durante estos tiempos estresantes.

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8. Mantener la calma y controlar el estrés

Este es un momento estresante. Cuídate para que puedas apoyar a tus hijos.

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9. Mal comportamiento

Todos los niños se portan mal. Es normal cuando están cansados, tienen hambre, sienten miedo o están aprendiendo a fortalecer su autonomía. Y pueden volvernos locos cuando estamos atrapados en casa.

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10. Gestionar el enfado

Amamos a nuestros niños y adolescentes, pero el estrés de COVID-19, el dinero y el encierro pueden hacer que perdamos los nervios. Así es como podemos mantener el control y controlar nuestra ira para no hacer daño a nuestra familia.

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11. Presupuestos familiares en tiempos de estrés financiero

El estrés por el dinero en tiempos de la COVID-19 puede agotarnos, enfadarnos y distraernos y a veces nuestros hijos no entienden que hay que ajustarse a un presupuesto. Podemos hacer cosas que ayuden a lidiar con el estrés financiero.

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12. La educación en casas abarrotadas

Mantener a la familia segura frente a la COVID-19 puede hacerse aún más difícil cuando vivimos en condiciones de hacinamiento. 

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Guía de facilitación de acceso a las medidas

El mundo, y también España, está sufriendo la peor epidemia en un siglo. No son momentos sencillos para nadie y es más difícil aún sobrellevar la situación para los que menos tienen.

A la tragedia personal de los miles de compatriotas fallecidos y las decenas de miles de afectados, a los enormes esfuerzos que está haciendo de forma ejemplar la ciudadanía para respetar el confinamiento, a la tensión altísima que sufre nuestro sistema de salud, a las dificultades de nuestros sanitarios que se juegan la vida en primera fila del frente de batalla, a todo ello hay que sumar los efectos económicos y sociales derivados de la epidemia. Nos encaminamos a una de las peores crisis de nuestra historia cuando mucha gente aún no había conseguido salir de la última y las economías más frágiles, las empresas más pequeñas, los trabajadores más precarios, las familias más humildes, los autónomos, los parados, las personas más vulnerables, están más expuestas. El coronavirus no distingue de clases sociales cuando amenaza nuestra salud, pero sus efectos económicos sí lo hacen.

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Cuando llega una crisis, es función de lo público, es función de lo común, de las instituciones, del Estado, el cuidar y proteger a toda la ciudadanía. Es uno de los elementos fundamentales de las democracias europeas.

Entre todos, diseñamos unas instituciones, un marco legal y un sistema fiscal que debe ser progresivo para poder tener una red de seguridad que nos garantice que, cuando tenemos un problema de salud o económico, nosotros o cualquiera de nuestros seres queridos no nos quedamos en la cuneta.

Los artículos sociales de la Constitución Española, cuando se impone su cumplimiento y no se dejan en una mera declaración de intenciones, son la garantía de que, como país, cuando vienen mal dadas, nos comportamos como una familia y no permitimos que nadie se quede atrás.

Esa seguridad de que la comunidad de la que formamos parte siempre nos va a proteger y cuidar si tenemos un problema es la que se debe articular desde lo público, especialmente en situaciones excepcionales de gran incertidumbre, y en eso consiste el Escudo Social que el Gobierno de España ha creado en las últimas semanas en tiempo récord y seguirá perfeccionando en las semanas venideras.

Lamentablemente, no siempre se ha actuado así. En 2008 se desató una crisis económica global a causa de los altos riesgos adoptados por las élites financieras y la extensión de prácticas descontroladas y opacas de especulación en una especie de casino mundial.

En aquella ocasión, se optó por abordar las consecuencias económicas derivadas del estallido del sistema mediante un conjunto de medidas basadas en devaluar los salarios, recortar el estado del bienestar, hacer más precario el mercado laboral y rescatar a la banca.

Las consecuencias no solo fueron el sufrimiento de millones de personas en España, la destrucción de los negocios de miles de autónomos y PyMEs y la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas.

Además, la receta demostró ser un absoluto fracaso en términos económicos, provocando una lenta creación de empleo de muy mala calidad, un deterioro de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad y la pobreza y un endeudamiento masivo del país.

Afortunadamente, en la crisis del coronavirus, hemos aprendido la lección y el Gobierno de España ha decidido que va a actuar de forma opuesta a lo que se hizo en 2008 y ha movilizado una enorme cantidad de recursos públicos para reforzar la sanidad y los servicios sociales y para proteger a los trabajadores, los autónomos y las PyMEs, así como a las personas más vulnerables. El Escudo Social que el Gobierno ha decidido crear y seguir mejorando contiene un gran número de medidas laborales, de igualdad, de vivienda, de crédito, de alivio impositivo y sostenimiento de la actividad económica de empresas afectadas y profesionales. Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, somos conscientes de lo rápido que evolucionan los acontecimientos, de la cantidad de información que circula en estas semanas tan complejas y también de los bulos y la desinformación que lo llenan todo de ruido. Por eso, hemos querido preparar esta guía que recoge y explica de forma sencilla las medidas y ayudas del Escudo Social que te pueden afectar, que esperamos que te resulte útil y que te animamos a difundir y compartir para que llegue a todo el mundo que lo necesite. Porque de esta vamos a salir más fuertes y más unidos y sin dejar a nadie atrás.

COVID-19: los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia para reprimir los DD HH – Expertos de la ONU

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  • GINEBRA (16 de marzo de 2020) – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* instaron hoy a los Estados a evitar la extralimitación de las medidas de emergencia en respuesta al brote de coronavirus y les recordaron que los poderes de excepción no deben usarse para acallar la disidencia.
  • “Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes excepcionales en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”, dijeron los expertos.
  • Su exhortación hace eco del reciente llamamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para colocar a los derechos humanos en el centro de la respuesta al brote de coronavirus.

Las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho internacional, aclararon los expertos de la ONU. “El uso de los poderes de emergencia debe declararse públicamente y debe notificarse a los órganos de tratados pertinentes cuando los derechos fundamentales, incluidos el movimiento, la vida familiar y la reunión se ven significativamente limitados”.

“Además, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID -19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

“Las restricciones tomadas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para acallar la disidencia”, señalaron.

Algunos estados e instituciones de seguridad pueden encontrar atractivo el uso de poderes de emergencia porque ofrece atajos, dijeron los expertos. “Para evitar que tales poderes excesivos se conecten a los sistemas legales y políticos, las restricciones deben ser adaptados estrechamente y ser el medio menos intrusivo para proteger la salud pública”.

  1. Finalmente, en los países donde el virus está disminuyendo, las autoridades deben tratar de devolver la vida a la normalidad y deben evitar el uso excesivo de poderes de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, asintieron.
  2. “Alentamos a los Estados a mantenerse firmes en conservar un enfoque basado en los derechos humanos para regular esta pandemia a fin de facilitar el surgimiento de sociedades saludables protegiendo el estado de derecho y los derechos humanos”, insistieron los expertos.
  3. FIN

*Los expertos: La Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala D.

Ní Aoláin; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el Relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras, la Relatora especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry; el Relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci; el Relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed; el Relator especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; la Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Leilani Farha; el Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Léo Heller; el Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Obiora C. Okafor; el Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Livingstone Sewanyana; el Relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán; el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria:  José Antonio Guevara Bermúdez (Presidente), Leigh Toomey (Vice-Presidente sobre Comunicaciones), Elina Steinerte (Vice-Presidente sobre seguimiento), Seong-Phil Hong y Sètondji Adjovi; y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas: Luciano Hazan (Presidente-Relator), Tae-Ung Baik (Vice-Presidente), Houria Es-Slami, Bernard Duhaime y Henrikas Mickevicius.

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Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo.

Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

Para más información y solicitudes de prensa, favor contactar a Michelle Erazo Martínez (+41 22 917 9449 / [email protected]).Para mayor información sobre otros expertos Independientes de la ONU, consulte a Xabier Celaya – Unidad de Medios  (+ 41 22 917 9445 / [email protected])

El Derecho de Familia en tiempos de Pandemia

El día 6 de marzo de 2020, el ex presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra anunció la detección del primer caso por infección del Covid-19 en la ciudad de Lima. Días después en conferencia de prensa, el ejecutivo anunciaba la declaración del Estado de emergencia por un plazo de quince días calendario.

Habiendo transcurrido varios meses desde la primera fecha de declaración de estado de emergencia y con cerca de 100, 000 casos positivos detectados en todo el país y en medio de la crisis política generada por la vacancia presidencial que tuvo como resultado el nombramiento de Francisco Sagasti como presidente, se mantienen algunas medidas de restricción en algunas provincias del país.

La nueva “normalidad” nos ha obligado a permanecer en nuestros hogares y por tanto, convivir durante muchas horas con nuestras familias, lo cual puede resultar beneficioso para muchas de ellas, especialmente para aquellas que en condiciones usuales, no tenían mucho tiempo para compartir con su pareja y sus hijos. Sin embargo, para muchas otras, el confinamiento, ha generado muchas relaciones conflictivas e incluso originado serios problemas jurídicos en las relaciones familiares, especialmente para aquellas que antes de la declaración del estado de emergencia, mantenían conflictos judicializados.

Entre ellas, el cumplimiento de la obligación alimentaria a favor de niños, niñas y adolescentes, así como el régimen de visitas a favor del padre que no ejerce la tenencia, pueden verse seriamente afectadas.

Respecto de la primera, es indudable que el estado de confinamiento, ha generado que muchos padres se vean impedidos de salir a trabajar o que su situación laboral se haya visto afectada (reducción en la remuneración mensual descuentos, suspensiones de contratos de trabajo, etc.) y consecuentemente, se han generado cambios significativos en su economía. ¿Cómo afecta esto el cumplimiento de la pensión alimentaria determinada judicial o extrajudicialmente? Asimismo, ¿Qué sucede con aquellos otros casos en los que el padre que tiene a su cuidado al niño, niña o adolescente, y dada su actual situación económica, pretende demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria a favor de sus hijos? ¿Qué dificultades existen actualmente en el cobro de los cupones judiciales por concepto de pensión alimentaria?

Si bien es cierto, que en junio de este año, a través de las Resolución Administrativa N° 000167-2020-CE-PJ se aprobó la directiva N° 007-2020-CE-PJ sobre el proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes, que tiene por finalidad la aplicación de mecanismos de celeridad, oralidad y el empleo de recursos tecnológicos disponibles; el mismo que implica el uso de varios formularios simplificados para interponer la demanda por la pretensión de alimentos, aumento y reducción, utilizados antes de la pandemia. Lamentablemente, no todos los litigantes tienen acceso a Internet, y mucho menos a un dispositivo como una pc, computadora personal o tablet, ello sin mencionar la asesoría de un abogado. La situación se complejiza aún más, si consideramos que la administración de justicia ha permanecido paralizada por el estado de emergencia hasta el 1 de septiembre.

Definitivamente, esta problemática refleja el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia en todo el país, viejo problema acentuado en este contexto de pandemia.

Sin lugar a dudas, se requiere de una modernización y simplificación de los procesos pero que se adapte a las realidades tan diversas de nuestra población, y que no pongan en riesgo a los litigantes por la necesidad de desplazarse hasta las sedes de Corte, por ejemplo, para el cobro de los cupones judiciales.

De otro lado, con lo que respecta al cumplimiento del régimen de vistas a favor del padre que no ejerce la tenencia del hijo -determinadas judicialmente o a través de acuerdo conciliatorio-, así como aquellos padres que, con ocasión de la pandemia, pretenden un régimen de visitas determinado judicialmente -en los casos en los que no existe acuerdo con el padre que tiene a su cargo la tenencia del menor-, tanto las visitas con externamiento o aquellas que se realizan al interior de la casa donde este habita, pueden verse restringidas. Particularmente si consideramos los riesgos que implican desplazarse periódicamente tanto para los padres como para sus hijos.

No obstante, es necesario analizar la relevancia que el hijo mantenga contacto con el padre con el que no vive, en el contexto de emergencia.

Es decir, ¿es imprescindible que los niños mantengan contacto con sus padres durante el estado de emergencia? Definitivamente, el derecho convencional y nacional reconoce el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia y pasar tiempo con ambos padres.

Afortunadamente, a través de las llamadas telefónicas, videollamadas, servicio de mensajería instantánea, es posible que los padres puedan mantener contacto con sus hijos. Evidentemente, debe procurarse que la duración y la calidad del tiempo de las llamadas, video llamadas, etc.

, sean en la medida de lo posible, equivalentes al tiempo juntos de manera presencial. Estas medidas ya han sido adoptadas en otros países como Argentina y España. Es obligación de los padres acordar voluntariamente la forma a través de la cual se comunicarán con sus hijos, procurando garantizar al mismo tiempo, el derecho a la salud y el derecho a mantener contacto con estos.

No podemos dejar de mencionar que otro de los graves problemas, acentuado por las medidas de aislamiento social, son los casos de violencia familiar, no solamente contra la mujer sino contra otros integrantes del grupo familiar, como pueden ser niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, existen nuevas víctimas de violencia y algunas otras que desde antes de la cuarentena, eran agredidas por un integrante de su propia familia.

De otro lado, el trámite de denuncia, el proceso judicial así como el cumplimiento de algunas medidas de protección resultan sumamente complejos en este contexto, por ejemplo: el retiro del agresor del hogar o de la (s) víctima (s).

Como notamos, en medio de la nueva normalidad originada por la pandemia por el COVID-19, así como la crisis política por la vacancia presidencial y el nombramiento de un nuevo presidente, el Estado no puede ignorar la situación actual de las relaciones jurídico-familiares y atender sus antiguos conflictos jurídicos, muchos de ellos, agravados por las dificultades originadas por la emergencia sanitaria, particularmente, cuando se discute los intereses de niños, niñas y adolescentes.

  1. Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial el peruano el 15 de marzo de 2020.
  2. Consultado en: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp Datos actualizados al 12 de noviembre de 2020 (04/12/2020).
  3. Convención sobre los Derechos del niño (1989).
  4. Código de los niños y los adolescentes (2000).

Mg. Analucía Torres Flor

Docente a tiempo completo de la Universidad Católica San Pablo

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