“Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia. Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales”, señala el Ministerio de Justicia en un tuit junto a un vídeo.
En este se incluye un tutorial para que las “personas condenadas que han extinguido su responsabilidad penal” puedan solicitar la cancelación de estos antecedentes, sea cual sea su nacionalidad.
Además, la cancelación de los antecedentes penales ya se contemplaba en los Códigos Penales de 1944 y de 1995.
Contents
- 1 El Código Penal de 1995 actualmente vigente no hace distinción en el proceso de cancelación de antecedentes penales entre personas españolas y extranjeras
- 2 Cancelación de antecedentes sexuales
- 2.1 ¿Qué son los antecedentes sexuales?
- 2.2 ¿Qué es el certificado de antecedentes penales?
- 2.3 ¿Qué se entiende por “trabajo habitual” con menores?
- 2.4 ¿Qué dice la ley al respecto?
- 2.5 ¿Quién puede solicitar el certificado de antecedentes sexuales?
- 2.6 ¿Cómo solicitar el certificado de antecedentes sexuales?
- 2.7 Consecuencias de tener antecedentes sexuales
- 2.8 ¿Cuáles son las tasas que deberán abonarse?
- 2.9 ¿Cómo puedo saber si una persona tiene antecedentes sexuales?
- 3 Cómo eliminar los antecedentes penales y sexuales en España
- 4 Cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales
- 5 Trámites y Servicios – Sede Judicial Electrónica
- 6 El derecho a rehacer una vida: por qué se pueden cancelar los antecedentes penales y qué implica
El Código Penal de 1995 actualmente vigente no hace distinción en el proceso de cancelación de antecedentes penales entre personas españolas y extranjeras
A pesar de que el tuit publicado por el Ministerio alude directamente a la cancelación de antecedentes penales para obtener la nacionalidad o el permiso de residencia, la ley no hace distinción entre el proceso de cancelación de antecedentes penales entre personas extranjeras y españolas. En el contenido publicado por el Ministerio de Justicia se incluye un link a un vídeo en el que explica cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales. En este vídeo de YouTube, que se llama “¿Cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales? Tutorial paso a paso”, se afirma que el Ministerio de Justicia ha implementado un proceso de robotización que realiza la cancelación automatizada de los antecedentes penales de aquellas personas condenadas que han extinguido su responsabilidad penal.
Tuit publicado por el Ministerio de Justicia.
Según afirman desde el Ministerio de Justicia a Maldita.es, la cancelación de los antecedentes penales es “un mecanismo que está habilitado desde hace muchos años y que no es nada nuevo” y explican que sirve “para conseguir un trabajo al igual que para conseguir la nacionalidad”.
En referencia al tuit y el vídeo, desde Justicia dicen que no se trata de ninguna campaña, al contrario de lo que indican algunos de los contenidos que se han difundido en redes sociales, sino que se trata de un tuit único para “dar a conocer que existe un mecanismo de cancelación de antecedentes penales”.
Según señala el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, en 2021 se puso en marcha un plan de automatización del procedimiento de cancelación de antecedentes penales “con el objetivo de agilizar y facilitar el proceso” y señalan que el 5 de mayo de 2022 se implementó “un nuevo algoritmo”. En esta nota de prensa también se indica que como consecuencia de esta automatización “las personas con antecedentes ven facilitada su reinserción activa una vez que han cumplido su pena, con el correspondiente impacto positivo en su entorno”. Además, en un vídeo publicado en marzo de 2022 por el Ministerio se señalaba que “la existencia de antecedentes penales puede constituir una sanción añadida” para esas personas en el acceso a “empleos públicos, licencias u otras autorizaciones, adquisición de nacionalidad o posesión de derechos cívicos”.
La cancelación de los antecedentes penales se recoge en la Ley del Código Penal de 1995 y en la de 1944
La cancelación de los antecedentes penales no es algo nuevo.
Según se indica en el artículo 136 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, “los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir”.
Según se indica, cada tipo de delito tendrá unos plazos: seis meses para las penas leves, dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años y diez años para las penas graves.
Captura del artículo 136 del Código Penal vigente.
Hasta su versión modificada en 2015, en las dos primeras versiones del artículo 136 de esta ley se exigía que para obtener la cancelación de los antecedentes penales se precisaba el informe previo de un juez o tribunal sentenciador.
Este requisito fue retirado en 2015 durante la legislatura de Mariano Rajoy (Partido Popular).
En cuanto a los plazos para poder solicitar la cancelación una vez cumplida la pena, en la última modificación en 2015 se amplía el plazo exigido para la cancelación de los antecedentes penales a diez años para las penas graves y a cinco a las penas menos graves superiores a tres años.
Captura de texto de 1996 del artículo 136 del Código Penal.
Sin embargo, la posibilidad de la cancelación de los antecedentes penales se contemplaba desde antes en la legislación española. En el decreto publicado durante la dictadura franquista el 23 de diciembre de 1944 por el que se aprobó y promulgó el Código Penal ya se hace referencia a la cancelación de la inscripción de su condena en los registros de antecedentes penales.
Se indica que “los no reincidentes ni reiterantes” podrán recibir esta cancelación “siempre que hayan observado buena conducta, que hayan satisfecho, en cuanto les fuere posible, las responsabilidades civiles provenientes del delito y que hubieren transcurrido después de la extinción de la condena quince años en las privativas de libertad de duración superior a seis y diez años en todas las demás”.
Captura del artículo 118 del Código Penal de 1944.
En la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal se hace un cambio en este artículo principalmente en los plazos que tienen que transcurrir para optar a esta cancelación.
Estos son: “seis meses para las penas leves; dos años, para las de arresto mayor, condenas por delito de imprudencia y penas no privativas de libertad; tres años, para las de presidio y prisión; cinco años, para las de reclusión, y diez años, en todos los casos de reincidencia o de rehabilitación revocada”. Estos plazos se mantienen en la Ley del Código Penal publicada en 1995.
Captura de la modificación de 1971 del artículo 118 del Código Penal.
En el tuit del Ministerio de Justicia se afirma que “los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia”.
Para obtener la nacionalidad española para las personas extranjeras, una de las opciones es obtenerla por residencia, tal y como se indica en la página web del Ministerio de Justicia.
Para ello, se exige “la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”, con algunas excepciones.
Entre estas están las personas que tengan la condición de refugiadas, a las que se les exigirá 5 años de residencia legal y dos años de residencia legal para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
Según se indica en el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, “para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español”.
Extracto de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Tras la publicación de este tuit por parte del Ministerio de Justicia también se han compartido contenidos que hacían referencia a delitos sexuales como “el Gobierno inicia una campaña informativa para nacionalizar a violadores y pederastas extranjeros”.
Según se indica en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, si la víctima de un delito sexual es menor de edad, el condenado que haya cumplido su pena y quiera cancelar sus antecedentes seguirá un régimen distinto.
En este caso el plazo será de 30 años “como una medida para la protección de la infancia y adolescencia”, según se indica en el Real Decreto.
Sin embargo, tal y como se indica en este Real Decreto, si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, el plazo de cancelación de los antecedentes penales sería de 10 años “con la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar su estigmatización”.
Extracto del Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Cancelación de antecedentes sexuales
- Después de la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del menor, se ha vuelto obligatorio obtener un certificado de cancelación de antecedentes sexuales negativo para aquellos profesionales o voluntarios que vayan a tener contacto de manera habitual con menores de edad.
- Para más información puedes llamar al abogado.
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¿Qué son los antecedentes sexuales?
Los antecedentes sexuales son aquellos delitos de índole sexual que ha realizado una persona, los cuales quedan registrados al igual que sucede con los antecedentes penales o policiales.
Ello no sólo incluye delitos sexuales contra menores, sino que también incluye abusos, agresiones sexuales, pederastia, trata de personas, delitos contra la libertad e indemnidad sexual y, en definitiva, cualquier delito de naturaleza sexual.
¿Qué es el certificado de antecedentes penales?
Se trata un documento donde se acredita si una persona determinada tiene antecedentes sexuales. Este certificado es emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, el cual se encarga de informar de todas las condenas firmes existentes y que hayan sido dictadas por órganos judiciales hasta la fecha de su expedición.
¿Qué se entiende por “trabajo habitual” con menores?
Aunque la ley no es clara determinando o delimitando el significado de “habitual” a la hora de trabajar con menores de edad, un informe de la Agencia Española de Protección de Datos no vinculante considera que para que un trabajo con menores sea considerado como habitual tendrá que implicar, por su propia naturaleza y esencia, un contacto constante o regular con menores de edad, donde los niños sean básicamente los destinatarios del servicio que se esté prestando.
¿Qué dice la ley al respecto?
- El artículo 13.
5 de la Ley Orgánica 1/1996
, de Protección Jurídica del menor señala que: - “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
- A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”
¿Quién puede solicitar el certificado de antecedentes sexuales?
Cualquier persona que sea mayor de edad.
En aquellos casos en los que estemos hablando de menores de edad, será necesario que tengan un representante legal, tutor o bien que lo soliciten los padres del menor.
Deberá aportarse original o fotocopia compulsada de su DNI o en su defecto pasaporte, tarjeta de residencia, carnet de conducir, documento de identificación comunitario o su equivalente.
Asimismo, es importante presentar una fotocopia del documento identificativo que se presente para poder agilizar los trámites y evitar que puedan producirse errores de ninguna clase. Asimismo, en aquellos supuestos en los que sea un representante legal quien realice el trámite, también se deberá aportar un poder que autorice a poder actuar en nombre del solicitante.
En el caso de personas extranjeras no sólo deberán aportar el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, sino el certificado de su propio país de origen donde se refleje si el sujeto en cuestión ha cometido delitos sexuales.
¿Cómo solicitar el certificado de antecedentes sexuales?
El certificado de antecedentes sexuales puede ser solicitado a través de tres vías básicamente:
Los certificados pueden solicitarse por Internet a través del portal del Ministerio de Justicia. El solicitante tiene que cumplimentar el formulario correspondiente. Para ello será clave disponer de DNI electrónico o el Certificado Digital.
Otra de las vías para poder solicitar este certificado es por correo postal. En este supuesto, el solicitante que resida en el extranjero tendrá que cursar la solicitud en la Oficina Central de Atención al Ciudadano, Sección de penales, Ministerio de Justicia. Se ubica en la Calle Bolsa, 8. 28012, Madrid.
También puede realizarse la solicitud de manera presencial, para lo cual será necesario presentar el DNI o pasaporte. Es conveniente contar con un representante legal que se encargue de recoger el documento en la Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia o bien en alguna de las diferentes gerencias territoriales que hay repartidas por el país.
Consecuencias de tener antecedentes sexuales
Desde el pasado 2016, todos aquellos profesionales que vayan a trabajar en contacto con menores de edad deberán aportar un certificado de antecedentes sexuales para poder comprobar que se trata de una persona de confianza y adecuada para poder trabajar con niños.
Lógicamente, el hecho de contar con antecedentes sexuales implica el no poder trabajar con menores de edad. Limita las probabilidades de tener acceso a numerosos puestos de trabajo.
¿Cuáles son las tasas que deberán abonarse?
La solicitud del certificado de antecedentes sexuales es totalmente gratuita. Cualquier persona podrá consultar y obtener el justificante requerido sobre su persona en Registro Central de Delincuentes Sexuales.
En el caso de que necesites contratar los servicios de un despacho de abogados has de saber que nosotros podemos encargarnos de realizar todos los trámites y gestiones para poder obtener este certificado sin problemas ni demoras innecesarias.
¿Cómo puedo saber si una persona tiene antecedentes sexuales?
Es lógico que en los tiempos que corren conocer si una persona tiene antecedentes sexuales sea una necesidad para garantizar el bienestar de los más pequeños de la casa.
Cualquier persona/entidad/empresa podrá solicitar el certificado de antecedentes sexuales de una persona en particular para saber si cuenta con alguna trayectoria delictiva en este ámbito.
Obviamente, ello solamente será posible si la persona da su consentimiento expreso y por escrito de que autoriza a la persona/entidad/empresa en cuestión a solicitar un certificado con sus antecedentes sexuales. Asimismo, se deberá aportar un documento en el que se refleje el motivo por el cual se desea conocer esta información.
En nuestro despacho de abogados podemos ayudarte a realizar la solicitud del certificado de antecedentes sexuales para que puedas acceder sin problemas a cualquier puesto de trabajo que resulte de tu interés.
Cómo eliminar los antecedentes penales y sexuales en España
Los antecedentes penales no son vitalicios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pasado un determinado periodo de tiempo sin cometer ningún otro delito después de la fecha en la que se termina de cumplir con la condena, estos pueden ser eliminados.
Hablamos de datos que obran en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia cuando una persona es condenada por la comisión de un delito y que permiten, una vez el condenado ha cumplido su pena, que se conozca su historial delictivo reciente.
Sin embargo, el Código Penal establece una serie de plazos para su cancelación, en función de la gravedad del delito y la pena impuesta.
Para ello, es imprescindible que la persona condenada haya cumplido la totalidad de la pena impuesta, que no cometa otra acción delictiva en en los plazos previstos por ley y que también haya cumplido con la responsabilidad civil derivada del delito.
En concreto, el artículo 136 del Código Penal establece que “los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir en los siguientes plazos”:
- ► Seis meses para las penas leves.
- ► Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
- ► Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
- ► Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
- ► Diez años para las penas graves.
Qué ocurre con los delitos sexuales
Todos los condenados en sentencia firme por delitos de naturaleza sexual que hayan extinguido su responsabilidad penal, también tienen derecho a cancelar sus antecedentes penales. Su cancelación afectará al conjunto de penas impuestas en sentencia firme y no a cada una de las penas individualizadas y hay que tener en cuenta unos supuestos muy específicos:
► Cuando la víctima y el condenado son mayores de edad. Las inscripciones se realizarán en el Registro Central de Penados y la cancelación se atendrá a lo establecido con carácter general para la cancelación de antecedentes penales.
► Si el condenado es menor de edad, con independencia de la edad de la víctima.
En este caso, las inscripciones se realizan en el Registro Central de Sentencias Firmes de Menores y la cancelación se regirá por las normas de cancelación de este Registro.
Así, se cancelará de oficio a los diez años, a contar desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de edad y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su plenitud o hayan prescrito.
► Si la víctima es menor de edad y el condenado es mayor de edad.
La cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir.
En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados no conllevará la cancelación de esta información a los efectos de realizar trabajos o actividades con menores.
Finalmente, en el caso de que se trate de cancelaciones tras sentencias de jueces o tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, se exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de condena.
El “estigma” de ser delincuente toda la vida
Desde el Ministerio de Justicia, explican que “de no existir la cancelación de antecedentes penales, se marcaría a una persona con el estigma perpetuo de delincuente, pese a haber cumplido su condena”. En este sentido, establece un baremo de las consecuencias que puede acarrear el hecho de no “borrar” o cancelar los antecedentes penales.
► Ámbito penal. El juez tendrá en cuenta no solo la gravedad del delito, sino la existencia o no de antecedentes penales para adoptar determinadas medidas. En este sentido, la existencia de antecedentes penales no cancelables puede acarrear la aplicación de la agravante de reincidencia en una sentencia condenatoria.
► Ámbito administrativo.
La existencia de antecedentes penales puede influir negativamente de cara al acceso a determinados empleos públicos, obtención de licencias, acceso a determinadas autorizaciones administrativas, participación en determinados procedimientos como acogimiento o adopción, adquisición de la nacionalidad española, etc. Asimismo, puede influir a la hora de acceder a determinados derechos cívicos como ser miembro de un jurado.
► Ámbito laboral. La existencia de antecedentes penales afecta de forma negativa a la reinserción. Pese a que en España los antecedentes penales no son públicos, su exigencia para el acceso a determinados empleos privados puede suponer la imposibilidad de acceso a los mismo.
Cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales
Un hombre hace trámites 'online'. / FOTOLIA
El Ministerio de Justicia permite 'borrar' los antecedentes penales. A través de su página web se puede llevar a cabo este trámite para cancelar la información de las sentencias firmes que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito. Se trata de un derecho que tienen todos los ciudadanos que hayan cumplido su responsabilidad penal.
El Ministerio ha puesto en marcha un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio la mayoría de las penas que cumplen con los requisitos, es decir, que estos antecedentes se pueden cancelar sin necesidad de tener que solicitarlo. ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Cómo se lleva a cabo la solicitud de cancelación? Te lo explicamos paso por paso.
Requisitos necesarios para cancelar los antecedentes
- Para cancelar los antecedentes penales (art. 136 del Código Penal):
- Se debe no haber delinquido durante seis meses en el caso de las penas leves; en dos años para las penas que no excedan de los doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; en tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años; y diez años para las penas graves.
- El cómputo de estos plazos se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso.
- Para cancelar las anotaciones de medidas de seguridad: Las anotaciones de las medidas de seguridad serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida.
Requisitos
- -Que la pena ya se haya cumplido o preescrito
- -Completar unos plazos de tiempo
- -No haber delinquido
Cómo se solicita
La cancelación de los antecedentes penales o sexuales se puede solicitar de manera presencial, por correo postal o de forma electrónica a través de la sede del Ministerio de Justicia. Para ello es necesario estar registrado en sistema clave o disponer de un certificado electrónico, como el certificado digital o el DNI electrónico accediendo a https://sede2.mjusticia.gob.es.
Una vez en esta página web, se debe hacer clic en el apartado de solicitudes y posteriormente en antecedentes. Después, se deberá seleccionar la opción Solicitudes de Cancelación de Inscripciones de Antecedentes Penales, pulsar acceso con Cl@ve.
A continuación se deberá cumplimentar un formulario con la información de las causas que desea cancelar. En el campo ejecutoria, se debe introducir el número que conste en el certificado, que indica el número de procedimiento, expediente de ejecución o ejecutoria penal. Para finalizar, tan solo hay que pulsar en enviar.
El plazo de tramitación es de tres meses. Una vez transcurrido ese plazo, se podrá entender estimada la cancelación pretendida aun cuando no haya habido resolución expresa.
Ministerio de Justicia, Delitos sexuales
Trámites y Servicios – Sede Judicial Electrónica
Antecedentes penales.
Todos los particulares condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal, tienen el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales en los plazos que marca la Ley.
- Cancelación de antecedentes penales
- Certificado de antecedentes penales
- Delitos de naturaleza sexual
- Todos los particulares condenados en sentencia firme por delitos de naturaleza sexual que hayan extinguido su responsabilidad penal, tienen el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales en los plazos que marca la Ley.
- Legalización única o Apostilla de la Haya
- El trámite de apostilla consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación de este, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.
- Así, los documentos emitidos en un país firmante del Convenio que hayan sido certificados por una Apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación.
- Legalización única o Apostilla de la Haya
Actos de Última Voluntad (Últimas Voluntades)
El certificado de últimas voluntades es el documento que acredita si una persona ha otorgado testamento/s y ante qué Notario/s. De esta forma, los herederos podrán dirigirse al Notario autorizante del último testamento y obtener una copia (autorizada) del mismo. Este documento se precisa para la realización de cualquier acto sucesorio.
- Certificado de Actos de Última Voluntad
Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento
El certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento es el documento que acredita los contratos vigentes en que figuraba como asegurada la persona fallecida y con qué entidad aseguradora. En caso de que la persona fallecida no figurase como asegurada en ningún contrato, tal extremo se hará constar expresamente en el certificado que se emita.
Nacionalidad
La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado y tiene la doble vertiente de ser un derecho fundamental y constituir el estatuto jurídico de las personas.
Por esta relación, el individuo disfruta de unos derechos que puede exigir a la organización estatal a la que pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes.
Atendiendo a la “Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia” (artículo 9.
1) asícomo a la “Orden PRE/29/2017, de 24 de febrero, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria” (artículo 7) se presenta el servicio para la formulación de sugerencias y quejas relativas al funcionamiento de la Sede Judicial Electrónica.
La titularidad de la Sede Judicial Electrónica corresponde a la Administración del Gobierno de Cantabria. La gestión tecnológica de la sede es competencia de la Dirección General de Organización y Tecnología de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria.
Este servicio está disponible para todo ciudadano o profesional de la justicia que desee presentar una queja o sugerencia.
- Si la queja o sugerencia es relativa al funcionamiento de la sede deberá dirigirla a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Si la queja o sugerencia es sobre asuntos relacionados con la Administración de Justicia (por ejemplo, Juzgados, Tribunales, Registros Civiles) deben dirigirse directamente a la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial.
Las quejas se pueden presentar de forma presencial en los buzones del Consejo General del Poder Judicial dispuestos en las sedes judiciales o en cualquier oficina de información de la Administración.
Si dispone de certificado electrónico puede realizarlo de forma telemática desde:
- Desde el Registro Electrónico Común del Gobierno de Cantabria. Enlace
- Desde la página web del Consejo General del Poder Judicial Enlace
El derecho a rehacer una vida: por qué se pueden cancelar los antecedentes penales y qué implica
Depende del tipo de delito y el tiempo de condena, pero los antecedentes penales pueden cancelarse. La nueva campaña del Ministerio de Justicia en redes sociales explica cómo hacerlo a través de un proceso de robotización para agilizar la gestión.
Este proceso puede iniciarlo la persona afectada, o incluso un juzgado actuando de oficio, y se concede cuando las personas condenadas han extinguido su responsabilidad penal.
El Código Penal establece las condiciones para obtener la cancelación de los antecedentes en su artículo 136. La primera es que los condenados no pueden haber reincidido, y los plazos para ver sus antecedentes cancelados dependen del tipo de delito: varían desde los seis meses hasta los 10 años.
Esto sirve para que la persona condenada pueda rehacer su vida. “Una vez los antecedentes quedan cancelados es como si esa persona no hubiera delinquido”, explica Norberto J. de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
Solo se pueden cancelar los antecedentes penales
“Los antecedentes penales se eliminan con el transcurso del tiempo.
Cuando se cumple y se termina una condena, ya haya tenido pena de cárcel o no, es cuando empieza a contar el tiempo para cancelar los antecedentes penales”, explica De la Mata.
Después de los plazos que establece el Código Penal, los antecedentes quedan cancelados de forma material, y el excondenado tendría derecho a solicitar su cancelación formal.
De la Mata afirma que esta solicitud se envía al Ministerio de Justicia, y que si no lo hace el excondenado, puede hacerlo el tribunal actuando de oficio.
Pero puede darse el caso en el que ninguna de las dos partes solicite cancelar los antecedentes.
“Aunque todavía están formalmente en la inscripción del registro de penados del Ministerio de Justicia no tienen ningún efecto, es como si no existieran”.
Antes de que pase el plazo estipulado por el Código Penal, mientras los antecedentes siguen vigentes, este registro sí tiene consecuencias. El condenado no puede reincidir, no puede ser funcionario o no puede inscribirse en un colegio de abogados, por ejemplo.
También puede ocurrir que le pidan el registro de antecedentes para acceder a un trabajo, y el afectado puede decidir si darlo de forma voluntaria o no. No obstante, los únicos que pueden consultarlo cuando quieran son el condenado y los tribunales.
El derecho a rehacer la vida de los condenados que no vuelven a delinquir
La cancelación de los antecedentes penales no es una novedad, está recogida en el Código Penal desde 1995, y afecta igual tanto a extranjeros como nacionales.
Así lo explica De la Mata: “Los antecedentes penales siempre se han podido cancelar. No tiene sentido que se diga que una persona de 50 o 60 años que cometió un delito con 20 años sigue teniendo antecedentes.
No tiene antecedentes, cometió un delito, cumplió una pena, pasó un plazo de tiempo prudencial para ver que no reincide y ya está”.
El experto destaca que lo mismo pasa con los extranjeros, que tienen los mismos derechos que un ciudadano español.
Además, De la Mata afirma que esto es así porque las personas tienen derecho “a volver a nacer, a una resocialización plena, a que no se tengan en cuenta delitos de hace mucho tiempo”.
Un derecho que recoge la Constitución Española en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.
De hecho, ningún empleador tiene derecho a contratar o no contratar a alguien por si tiene o no antecedentes penales, ya que sería una forma de discriminación, como explica el experto.
“Esto aplica salvo en el caso de delitos en los que exista una prohibición de trabajar con menores, por ejemplo.
No obstante, cuando se cumple el plazo sin que haya reincidencia y se cancela el antecedente, el condenado no tendría limitaciones”.
